La pandemia es un fenómeno internacional que no se puede achacar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque se puedan cuestionar sus políticas para enfrentarla. El desplome económico es también global, pero el régimen parece empeñado en agravarlo por ignorancia o por ideología. El resultado será profundizar la pobreza.
No es necesario descubrir ningún hilo negro. La inversión productiva es la única manera de construir prosperidad y reducir la pobreza. Un gobierno puede paliar la desigualdad con buenas políticas sociales, pero solo la inversión construye riqueza.
Parecería que el Presidente, como la boa de la canción, lo sabe. Hace un año, el 13 de junio de 2019, firmó un Acuerdo para Promover la Inversión y el Desarrollo Incluyente con el que las empresas del Consejo Coordinador Empresarial se comprometieron a invertir 35 mil millones de dólares frescos en sectores estratégicos, como el energético y el transporte. Pero el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, advirtió: “Las inversiones no se dan en el vacío. Quien decide trabajar su dinero y arriesgar su patrimonio lo hace cuando hay un ambiente propicio con condiciones que lo incentiven”.
Estas condiciones no están presentes en el México de hoy. El embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo ayer en una teleconferencia con la Concamin: “Tampoco les puedo mentir [a mis connacionales], tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México. Cualquier país tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero esos cambios pueden tener efectos muy negativos en cuanto a la inversión. No se puede decir a la vez ‘queremos atraer inversión y capital de otras partes del mundo’ y también decir ‘vamos a cambiar las reglas’”.
La inversión se está desplomando en México. No es por la pandemia. El proceso empezó en 2018. En marzo de 2020, antes de la emergencia sanitaria, el índice de inversión fija bruta mostraba ya una caída anual de 11.1 por ciento. En abril y mayo será todavía mayor. Las empresas constructoras tuvieron en mayo un derrumbe de 32.1% anual en valor de producción.
Hemos visto un ejemplo tras otro de cómo el actual Gobierno cambia las reglas del juego y destruye inversiones que se hicieron con la idea de que en México prevalece un estado de derecho. Ahí está el aeropuerto de Texcoco, en el que por lo menos se indemnizó a los constructores, aunque cargando el costo injustamente a los contribuyentes, y los gasoductos, en los que se llegó a un acuerdo con las empresas, pero que torpemente elevó el costo total a valor presente. Después vinieron la cancelación de la cervecera de Mexicali, tras una inversión de mil 400 millones de dólares, y los cambios de reglas en el sector energético para favorecer las energías sucias de la CFE.
Si el Gobierno quiere fortalecer los monopolios gubernamentales, y fomentar la ineficiencia y la corrupción, como en los tiempos del viejo PRI, lo puede hacer. El triunfo electoral de 2018 se lo permite. No obstante, cambiar las reglas del juego después de que comienzan los proyectos solo ahuyentará la inversión productiva y aumentará la pobreza.
Quizá eso es lo que quiere la 4T: más pobres para entregar más dádivas que compren votos. Los inversionistas, sin embargo, no tienen por qué arriesgar su patrimonio en un país sin estado de derecho.
Ahorro castigado
El Banco de México bajó la tasa de interés de referencia a 5 por ciento. Era inevitable y por eso el voto de la Junta de Gobierno fue unánime. Pero es un golpe a los ahorradores. La inflación está en 3.17% y el Gobierno aumentó el impuesto al ahorro a 1.46 por ciento. Ya no vale la pena ahorrar en pesos.
