Presidir el Poder Judicial de Chihuahua en estos tiempos no es solo ocupar un cargo republicano: es asumir el papel de arquitecta, ingeniera y a la vez albañil de una profunda reconstrucción institucional.
Al rendir el informe de labores, la Magistrada Presidenta Marcela Herrera no solo presentó el balance de este órgano supremo, sino el avance de un modelo de justicia que busca volver a ser referente nacional. Y lo más valioso de su mensaje ocurrió justamente cuando el sistema dejó de hablar de sí mismo y comenzó a hablar de la gente.
Un informe judicial no debe medirse solamente por expedientes. Detrás de cada número hay una persona que esperó alimentos, una madre que pidió protección, un trabajador que reclamó sus derechos, una víctima que exigió respuesta o una familia que buscó volver a encontrarse en condiciones seguras.
El primer informe de Marcela Herrera Sandoval, segunda mujer en encabezar el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua y primera en conducir esta etapa nacida de la elección judicial, deja una imagen clara: después de retirar los restos de una estructura agotada, comenzó la reconstrucción. La Presidencia no hace sala; representa y articula. Y hacerlo en el estado más extenso del país exige recorrer el territorio, escuchar y coordinar sin invadir la libertad de quienes juzgan.
La dimensión humana aparece con mayor fuerza en la Defensoría Pública: 97 mil 885 asesorías gratuitas y 61 mil 586 personas representadas. Bajo la responsabilidad que hoy encabeza Rocío Sarmiento, quien no puede pagar un abogado encuentra igualdad ante la ley.
El informe da cuenta de un modelo judicial que busca recuperar su vocación transformadora. En materia familiar, el Centro de Convivencia supervisó 11 mil 532 encuentros en los distritos Morelos y Bravos, impartiendo talleres a 3 mil 420 usuarios y realizando más de 17 mil revisiones médicas a la niñez. Una convivencia asistida no constituye un trámite secundario: representa la garantía procesal para preservar los lazos afectivos sin arriesgar la integridad física y emocional de los menores.
Asimismo, la pronta respuesta frente al peligro procesal tuvo un hito decisivo en el Tribunal Especializado en Medidas de Protección, al reducir de seis horas a tan solo 90 minutos el tiempo de emisión para órdenes urgentes, restituciones de menores y separaciones de personas. Cuando la integridad física o la vida se encuentran bajo amenaza, un par de horas no son burocracia: significan el límite exacto entre la intervención oportuna y la agresión consumada. A ello se suma la labor del Tribunal Especializado en Violencia de Género, con 4 mil 517 causas atendidas y 3 mil 216 vinculaciones a proceso, equilibrio riguroso entre la salvaguarda de las víctimas y el debido proceso legal. La efectividad de la justicia alternativa, mediante la concreción de 8 mil 352 convenios y la recuperación de más de 700 millones de pesos, sumada al servicio prestado en lenguas originarias, Lenguaje de Señas y Braille, demuestra que tutelar derechos empieza por garantizar que las partes comprendan y sean comprendidas.
No obstante, la impartición de justicia no agota su valor en el dictado de las resoluciones. El Órgano de Administración Judicial, presidido por Karla Esmeralda Reyes Orozco, hizo valer el principio de dignidad laboral al concretar la recategorización e incremento del 50 por ciento en la compensación mensual de mil 200 trabajadores operacionales. Reconocer el desempeño de escribientes, notificadores, archivistas, conserjes y personal operativo es admitir que ninguna sentencia se formula en la abstracción ni llega sola al expediente. La correcta gestión gubernamental impone una máxima ineludible: los recursos públicos deben administrarse bajo estricta austeridad, cerrando el paso a privilegios innecesarios para volcar la capacidad presupuestal hacia la infraestructura y el servicio.
El marco republicano de la jornada estuvo matizado por un detalle político ineludible: la ausencia en el presídium de la gobernadora Maru Campos. Sin embargo, el mensaje expresado por el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, al hacer un llamado explícito a preservar la libertad e independencia de las y los juzgadores, resultó suficiente para reafirmar el compromiso del Poder Ejecutivo estatal de continuar respaldando el fortalecimiento institucional en el marco de la división de poderes.
En el fiel de la balanza, el ejercicio crítico resulta indispensable. La decisión de haber retirado las magistraturas regionales del distrito Hidalgo, en Parral, continúa representando una demanda viva de la abogacía organizada. La justicia de proximidad no se concibe plenamente cuando se impone a litigantes y justiciables la necesidad de recorrer mayores distancias, incrementar costos procesales y transitar vías inseguras. Ese faltante no se subsana con retórica, sino con juzgados dotados de infraestructura, tecnología y suficiencia presupuestal.
A este escenario se aúna una vertiente ética que preocupa al foro jurídico: la actuación desatinada de algún integrante del propio Pleno que, desestimando la reserva y templanza inherentes a la alta investidura de la toga, ha recurrido a la tribuna mediática para amagar con denuncias hacia sus pares. Resulta desolador constatar cómo, en el afán del afamamiento personal y la figuración pública, se pretende descalificar a servidoras y servidores públicos profesionales que han alcanzado sus cargos con esfuerzo legítimo y buen desempeño, desnaturalizando los vínculos de equipo o trayectoria profesional para presentarlos torcidamente como redes indeseables. La función de un magistrado exige solvencia probatoria y prudencia institucional; convertir el disentimiento en un espectáculo mediático degrada el debate jurídico y vulnera la respetabilidad que el órgano colegiado está obligado a proyectar ante la sociedad.
Y el Tribunal de Disciplina a cargo de Francisco Javier Acosta Molina, ofreció una señal correcta: 518 denuncias atendidas y 297 personas juzgadoras evaluadas, pero con una lógica que empieza por prevenir, capacitar y acompañar; después, cuando corresponde, corregir y sancionar. Disciplina no puede ser inquisición ni amenaza contra la independencia judicial.
Comienza el segundo año. Dos años nunca serán suficientes, pero sí alcanzan para fijar rumbo. En un tribunal donde todos caben, nadie sobra y el interés personal debe quedar fuera del recinto, el esfuerzo de una mujer nunca se escribe en singular. Después de doscientos años de justicia en Chihuahua, reconstruir desde los cimientos siempre será un buen principio. Y lo mejor, si se mantienen la independencia, la cercanía y el trabajo, está por venir.
* Abogado litigante. Presidente del Colegio de Juristas «Jorge Mazpulez Pérez», vocero de la Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados e integrante de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua.
