odrán, luego, emitir comunicados conjuntos; viajar juntos, aparecer en las fotos felices, cada uno mostrando su gran alegría por el triunfo del 2 de junio y declarar satisfechos que el Plan C va viento en popa, pero a cada momento, el presidente en las mañaneras y la candidata triunfadora en los eventos de los empresarios a los que ha sido invitada, muestran sus diferencias que reflejan dos distintas visiones acerca del modo en que desean aprobar la reforma judicial.
Y quien sabe si, además, en el contenido y alcances de ella, a pesar de las múltiples declaraciones de Claudia Sheinbaum, coincidentes con el presidente.
Por una parte, el presidente es insistente en que debe aprobarse, ya, tal como está, en septiembre y, por la otra, Claudia, con matices, lo propone, pero con la participación de los interesados, mediante la celebración de foros, con distinta denominación, pero que reflejan la posibilidad de que la fecha de aprobación no sea necesariamente la indicada por el presidente.
Tal postura la había esbozado desde las primeras declaraciones efectuadas por ella después de la elección, especialmente en la reunión con los principales inversionistas internacionales.
El último episodio lo protagonizó el miércoles durante la reunión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en la que estuvieron, además, empresarios, inversionistas, banqueros, el Embajador Ken Salazar e integrantes del equipo de Sheinbaum.
El líder del CCE, Francisco Cervantes, le dijo que además de expresarle, en nombre de la mayor parte de los más poderosos empresarios, su apoyo, que «… la certeza jurídica es indispensable para seguir construyendo un país verdaderamente justo… Las fallas al sistema de justicia, que nadie puede negar, socavan gravemente la convivencia armónica. Lo sabemos y confirmamos todos los días. Por eso no tenemos margen para equivocarnos». (Nota de Verónica Gascón, Antonio Baranda y Martha Martínez, Reforma, 19/6/24).
Le expresó, además, como para que no se le olvidara, que ahí se encontraban «inversionistas que suman, en conjunto, más de 42 mil millones de dólares y ese es un sello de confianza para usted». (Ibídem).
A su vez, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Rolando Vega, manifestó «que existe la preocupación por las reformas que se promueven desde el Ejecutivo con respecto al Poder Judicial, pero también sobre los organismos autónomos y el Instituto Nacional Electoral (INE)». (Ibídem).
No se guardaron nada, esa reforma, dijo, «podría poner en riesgo su capacidad técnica (la del Poder Judicial) y su independencia… A los mercados les han causado inquietud y es importante que las reformas que se presenten sean para atraer más inversión». (Ibídem).
La candidata triunfadora fue aun más explícita que en las ocasiones anteriores.
Les dijo que «De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder, ese no es el objetivo… el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía…». (Idem).
Y rechazó que el objetivo fuera el de concentrar el poder y oponerse al diálogo, «imagínense, tantos años en mi caso que luché por la democracia en México, que llegando a Presidenta lo que quisiera es concentrar el poder, no, no se trata de eso». (Idem).
Pues sí, si hay diferencias en la manera que deberá afrontar lo que representa uno de los episodios y temas que retratará nítidamente a la nueva presidenta.
Pero, además, muestra la manera en que las cúpulas empresariales están dispuestas a relacionarse con el nuevo gobierno; no se enfrentarán -como siempre, o casi siempre- pero están dejándole muy claro su postura frente a la reforma judicial.
¿Cederá el presidente? ¿Será capaz de hacerse a un lado y dejar que Sheinbaum gobierne, de acuerdo con la decisión de los 35 millones de votantes, o insistirá en que esos electores lo hicieron de ese modo por darle continuidad a su gobierno?
Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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