Desde los lejanos tiempos en los que Andrés Manuel López Obrador era el dirigente nacional del PRD su discurso se centraba en el combate a los privilegios de los políticos y de los más poderosos empresarios del país.
Alguna vez hasta fue capaz de lanzar una especie de decálogo de la conducta que debieran tener los funcionarios públicos, en general, y en especial los de su partido de aquel entonces.
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces. Los privilegios de la clase ‘dorada’ no han desaparecido, al contrario, se han incrementado.
Ahora, nuevamente, se ha convertido en el pretexto ideal para que la presidenta pueda hacer lo que ni siquiera los presidentes emanados del PRI y del PAN habían intentado: Participar abierta, personalmente, en una campaña electoral a favor de sí mismos y/o de sus partidos.
Bajo ese sambenito, la presidenta ha propuesto modificaciones a los salarios de diversos funcionarios municipales, estatales y federales como parte de las reformas constitucionales contenidas en su Plan B.
En todas ellas el argumento es el mismo de la época lopezobradorista, ¡Que nadie gane más que el presidente y que se acaben los privilegios!
Pero resulta que la 4T es mayoría calificada en 18 legislaturas estatales y mayoría simple en 5 más, además de que los titulares del Poder Ejecutivo en 24 entidades pertenecen a esa corriente política.
¿Y entonces, porqué en esas entidades, en las que el gobernador y la mayoría de los diputados pertenecen a la 4T, no han efectuado las reformas de austeridad que tanto pregonan?
¿Acaso hay, para calificar a una agrupación política, mejor manera que el modo en que gobierna?
¿Porqué no han aplicado medidas perentorias a sus compañeros, que ejercen una función pública, para que disminuyan inmediatamente sus salarios de diputados locales, funcionarios estatales y/o municipales?
¿Porqué razón, en las cámaras de Diputados y de Senadores, en las que cuentan con mayoría calificada -como haya sido- no han decretado una baja sensible, e inmediata, de los salarios y todos los ‘arrimadijos’ que los convierten en seres más que privilegiados, en la misma medida, exacta, que sus adversarios políticos?
¿Porqué razón, por ejemplo, no se les ocurre que, en lugar de disminuir el número de regidores, como lo propone la presidenta, se eleve su número, se disminuyan sus salarios y se conviertan, como en muchos países, en funcionarios con estipendios casi virtuales?
Sí, les asiste la razón a los morenistas que han puesto en los últimos días el tema de las elevadas percepciones de los funcionarios públicos, pero que, en muchos de los casos, lo hacen demagógicamente, pues lo hacen desde la tribuna que poseen como diputados o senadores y devengan, al mismo tiempo, esos salarios que tanto critica la presidenta.
Y para encontrar que tienen razón, basta con recurrir a los datos del incremento del gasto del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua que, por desgracia, solo es uno de los casos.
«En el caso del Congreso del Estado, compuesto en la actualidad por 33 diputados del PAN, Morena, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo, su gasto ha crecido de manera constante y sostenida año con año, a pesar de que tiene alrededor de cuatro décadas con el mismo número de legisladores… su presupuesto pasó de 240 millones de pesos en 2010 a 676 millones en 2024, lo que representa un aumento de 182%». (Nota de David Piñón, El Diario, 17/3/26).
La mala noticia es que eso sucede en prácticamente todos los casos.
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