México enfrenta una de las elecciones judiciales más ambiciosas de su historia democrática, pero también una de las más confusas, desiguales y opacas: la elección del Poder Judicial de la Federación 2025.
Aunque el INE ha hecho esfuerzos por promover la participación ciudadana, el proceso presenta carencias estructurales que dificultan un voto plenamente informado.
Uno de los principales desafíos es la abrumadora cantidad de cargos en disputa: según el propio INE, se elegirán 881 puestos. Entre ellos: 9 ministras y ministros para la SCJN, 2 magistraturas para la Sala Superior del TEPJF, 15 para sus salas regionales, 5 para el Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito.
Esta magnitud y diversidad de cargos dificulta que el electorado conozca todos los perfiles y distinga entre boletas y funciones. Y aunque se esperaban más de 5 mil candidaturas, tras problemas en comités, renuncias y depuraciones del INE, solo quedaron poco más de 3 mil. Una reducción que, sumada a postulaciones únicas o con escasa competencia, revela fallas en los mecanismos de selección.
La reducción de candidaturas, sumada a la escasa competencia y las postulaciones únicas, contribuye al desconocimiento generalizado sobre los aspirantes, y esto pone en tela de juicio la efectividad del proceso democrático y explica en parte la estimación del INE de que la participación nacional rondará entre el 8% y el 15% del padrón electoral.
A ello se suma una restricción preocupante: las limitaciones impuestas a la promoción de candidaturas han favorecido campañas centradas en redes sociales, popularidad y marketing, en lugar de propuestas sólidas. Esto ha facilitado la proliferación de desinformación, contenidos manipulados y fake media, en detrimento del debate sobre trayectoria o experiencia jurídica.
Este panorama no solo compromete la legitimidad del proceso, sino que también cuestiona la capacidad del nuevo modelo para democratizar realmente al Poder Judicial.
El problema va más allá de las cifras: la ciudadanía no tiene acceso suficiente a información sobre quienes aspiran a impartir justicia desde las más altas esferas. La plataforma oficial del INE, “Conóceles”, presenta información incompleta, superficial o desactualizada, reflejando el impacto del recorte presupuestal al INE.
La paradoja es evidente: se convoca a la ciudadanía a elegir jueces y magistrados en nombre de la democracia, pero sin herramientas adecuadas para ejercer ese derecho de forma informada. En la práctica, la campaña se ha trasladado a redes sociales, donde los criterios de viralidad y carisma sustituyen el debate serio sobre conocimientos jurídicos.
La justicia no puede depender del algoritmo. Convertir las elecciones judiciales en una competencia de visibilidad en TikTok, X o Facebook es reducir la función del Poder Judicial a una caricatura, obviando la seriedad del proceso y el conocimiento necesario para ejercer un voto responsable.
Frente a este escenario, en el que estar plenamente informado resulta prácticamente imposible, la ciudadanía no está sola. Iniciativas como Lupa Judicial, Verificado y Defensorxs han desarrollado herramientas útiles para revisar trayectorias, antecedentes y propuestas, así como para identificar y desmentir noticias falsas. Usarlas no solo es un derecho, sino también una responsabilidad ante el reto democrático que representa esta elección judicial. Informarse y combatir la desinformación es, hoy más que nunca, un acto de defensa del Estado de derecho.
A modo de advertencia, finalizo parafraseando lo dicho por la periodista, historiadora y escritora estadounidense, Anne Applebaum: si el espacio público está dominado por la desinformación, el miedo al escrutinio o la ausencia de debate serio, entonces tampoco podremos hablar de elecciones verdaderamente democráticas.
