El relevo de cuatro consejeros electorales del Institutito Nacional Electoral perdió la oportunidad de construir una nueva democracia posneoliberal. Además de ser hijo directo de la Comisión Federal Electoral de julio de 1988, el organismo electoral vigente tuvo como padrino de bautizo al Tratado de Comercio Libre con los EE UU.
Al proponer en 1990 un nuevo organismo para borrar las pistas de los fraudes electorales de la CFE de Gobernación, el entonces presidente Salinas de Gortari evitó una oficina para realizar elecciones libres y creó un aparato político que engañara con su autonomía de la autoridad federal, pero que de manera paradójica disminuyera su autonomía de la sociedad con intermediados forjados en la política priísta.
La democracia priísta neoliberal era la que creaba una estructura de filtro de intermediación entre la voluntad popular y el gobierno. Las reglas para registro de partidos y para participación electoral se centralizaron en el Instituto y sus consejeros para evitar la democracia libre y directa. El IFE-INE salinista opera como el calificador de lo que debe ser democracia. Y para el Instituto y sus consejeros la democracia es lo que ellos deciden y no la voluntad del pueblo votante. El INE practica una democracia que no cambie los valores ideológicos de la democracia priísta.
La estructura del IFE nació para mantener una democracia no sólo controlada, sino vigilada por el establishment político-partidista. Los guardianes de la democracia fueron los consejeros y el consejo general: primer con magistrados electorales (1991-1994), luego con consejeros ciudadanos (1994-1996 que en realidad no representaban a los ciudadanos sino a grupos de poder que disputaban la política) y finalmente con consejeros electorales (de 1996 en adelante).
El consejo general del IFE-INE ha sido el principal obstáculo para la democracia electoral real. Su papel es el de intermediar entre los intereses de los partidos, los poderes constituidos, el régimen priísta y los electores. Pero su pecado original es que los consejeros que hacen funcionar al INE son designados por los partidos que debieran ser vigilados. Al principio operó la fuerza personal de Salinas de Gortari y Zedillo para imponer candidatos a modo y después los partidos que votaban los nombramientos se repartieron los consejeros como cuotas de poder.
El consejo general fue presidido por los secretarios de Gobernación en turno de 1991 a 1996 y luego fue encabezado por un consejero votado por los demás consejeros. Pero como todos los consejeros fueron producto de la voluntad de los últimos presidentes de la era PRI del siglo XX –Salinas de Gortari y Zedillo–, entonces su función fue cuidar al PRI, controlar a la oposición y administrar la democracia que se ahogaba en un mar de regulaciones.
Al ser un organismo electoral creado por presidentes de la república en la transición a la alternancia, en consecuencia, el IFE fue un aparato de control de la democracia priísta. La alternancia fue fácil porque se dio a la derecha con un PAN domesticado y un Vicente Fox desorientado.
La designación de cuatro consejeros que le tocaba al gobierno de López Obrador fue la oportunidad para desaparecer el INE y crear un nuevo organismo sin vigilancia de poderes y de partidos. En tres instancias los partidos que deben ser vigilados por el INE están dentro del consejo general: como partidos que representan a las dos cámaras, como partidos en directo y como partidos que votan a los consejeros. Este mecanismo impide que haya en México un verdadero organismo electoral democrático o cuando menos profesional.
El gobierno de López Obrador perdió la oportunidad de rehacer el INE a tiempo. El INE en las elecciones del 2021 garantizará el orden político priísta, al fin y al cabo que Morena, la 4-T y más de las dos terceras partes de los morenistas salieron del PRI sin abandonar sus viejas prácticas de dominación social.
Pozo negro. Las colas de corrupción de Emilio Lozoya en Pemex no terminan en compra de votos legislativos, sino que se metieron y continúan en las entrañas de la empresa Pemex. El caso del empresario David Martínez, incorporado por Lozoya en asociaciones, que funcionó más como representante de los negocios turbios del exdirector en la empresa Seamex y su asociación con Seadrill. Y la investigación contra Lozoya se debe extender a su sucesor en Pemex José Antonio González Anaya en el caso de la empresa Oro Negro. Diputados, Fertinal, Nitrogenados, Odebrecht y otros asuntos de corrupción deben refundir a Lozoya y aliados en la cárcel.
Política para dummies: La política puede engañar a muchos, pero no a todos; con un disidente puede bastar.
@carlosramirezh
