La reciente irrupción de la Secretaría de Seguridad Pública en cinco municipios para revisar la licencia colectiva de portación de armas de fuego de las instituciones municipales encargadas del orden y la seguridad de este nivel de gobierno, trajo como consecuencia el decomiso de más de 70 rifles de asalto y diversas armas automáticas que no se encuentran enlistadas dentro del permiso colectivo de la Sedena.
Uno de los problemas más graves que se presentan en las municipalidades más distantes de la capital, y que representan para las autoridades civiles una constante preocupación, es el relacionado con la seguridad pública, porque no pueden exigirles a sus policías que lleven a cabo acciones en contra de quienes representan al crimen organizado que opera en cada municipio.
En primer término, porque no cuentan con la misma capacidad de fuego: las armas que portan los policías no se comparan con las que utilizan las bandas criminales, ni tampoco con la cantidad de parque, que en muchas ocasiones los propios representantes del orden tienen necesidad de adquirir con sus propios medios.
Desde que se dio a conocer la estrategia de seguridad a nivel nacional, que incluía a los integrantes de la Guardia Nacional —los cuales cuentan con formación militar—, se pensó que se podría anunciar que serían ellos los encargados de enfrentar al crimen en cada zona. Pero, contrario a lo que se podría pensar, la presencia de los militares en la sierra es tan anunciada que, cuando arriban a cada comunidad, los delincuentes ya han salido y se han escondido, para luego retomar el control de la zona en cuanto aquellos se retiran.
No se puede culpar del todo a los alcaldes, como se pretendió hacer con la presidenta municipal de Guadalupe y Calvo, quien dio a conocer por redes sociales que se encontraba en su casa a resguardo debido a las constantes balaceras que se registran en pleno centro de la cabecera municipal.
Las autoridades municipales saben perfectamente quiénes son y cómo operan, pero también saben que en muchas ocasiones son las propias estructuras criminales las que colaboran con la autoridad para mantener en paz y tranquilidad a sus comunidades.
El problema se presenta cuando disputan entre ellos los espacios de jurisdicción, y los enfrentamientos ocurren prácticamente en donde se encuentren.
Para nadie medianamente informado es desconocido que algunas bandas criminales tienen control sobre el aprovechamiento de la madera, que no respetan los estudios dasonómicos y talan bosques completos para comercializar el producto. Mientras tanto, en zonas mineras “venden” protección a las empresas y les pagan con gasolina, dinero en efectivo y hasta con mineral que ellos mismos llevan a beneficiar.
Los apoyos que reciben los ayuntamientos para obras y mejoramiento de servicios —además de los extraordinarios— no solo son autorizados en su beneficio por parte de los integrantes del cabildo, sino que en muchos casos son canalizados o aprovechados por empresas que tienen relación directa con el jefe de plaza o el grupo que domina la zona.
El problema de la seguridad en Chihuahua y en México es consecuencia del abandono, la complacencia y, sobre todo, la complicidad que han tenido muchos de los gobiernos de la República.
Maru Campos ha sido una buena gobernadora, que ha canalizado recursos importantes al rubro de seguridad, pero no solo no se han obtenido los resultados esperados, sino que la evidencia de corrupción dentro de las estructuras de seguridad demuestra que el responsable de operarlas no ha tenido el apoyo de sus subalternos, no ha podido con la corrupción existente y, lo más importante: ha sido incapaz de responder a la confianza en él depositada.
