El INE ha anunciado la imposición de una multa de más de 4 millones de pesos a MORENA, debido a que el gobierno municipal de Texcoco, encabezado por Delfina Gómez Alvarez (2013-2015), instrumentó una operación semejante a la que infinidad de gobiernos -emanados del PRI y del PAN; fundamentalmente en los niveles municipal y estatal- hacían para, por la fuerza, sustraerles una parte de sus salarios y derivarlos a sus partidos y/o proyectos político-partidarios.
Así lo hizo el grupo político de la ahora Secretaria de Educación Pública de la 4T. Exaccionó a la totalidad de los trabajadores del ayuntamiento con el 10% de sus salarios. La cantidad resultante se usó para emplearla en la campaña de la maestra Delfina al gobierno del Estado de México.
¿Qué diferencia hay entre esta “operación” y las que efectuaron antes los adversarios de Morena?
¿Cómo puede justificarse tal conducta a la luz de los supuestos principios morales pregonado por quienes ahora gobiernan -no mentir, no robar, no traicionar- si en los hechos es el uso del patrimonio público para favorecer a un partido, a un grupo político y a una protagonista política en las contiendas electorales?
Para quienes han alegado que en tal conducta no hay delito, ni daño al patrimonio público, bastaría con oponerles que se usó la estructura administrativa, los recursos cibernéticos del municipio de Texcoco, el tiempo del personal administrativo de ese ayuntamiento, así como el uso de las cuentas bancarias municipales en beneficio de quien era la responsable del gobierno municipal.
Más aún, si se pensara que no hubo la comisión de varios delitos, la administración municipal de Texcoco, encabezada por la maestra Delfina, debió mostrar los documentos en los que cada uno de los 500 trabajadores, a los que se les descontó parte de sus salarios, firmaban, y aceptaban, por tanto, se les descontara la cuota político-partidaria.
Todavía más, aún aceptando lo anterior, Delfina y sus compañeros debieron presentar informes de las cantidades recibidas, no sólo a los trabajadores que fueron obligados a cotizar, sino también a los órganos electorales de los recursos recibidos y, todavía más importante, en qué los gastaron.
Así que, no solo incurrieron en las primeras faltas, sino también en todas ellas, lo que puede configurar la comisión de varios delitos electorales y probablemente también de peculado (por el uso de la infraestructura municipal en asuntos partidarios).
Por ello, El INE dio, además, “vista de la resolución” a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, “por las conductas que pudieran configurar delitos electorales”; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, “por las conductas presuntamente consecutivas de delitos en materia electoral”; y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), “por conductas que pudieran configurar delitos dentro de su esfera de competencia”.
¿Qué diferencia hay entre esta operación y la “Safiro” efectuada por el PRI, en la que desde el gobierno (y otros de varios estados) de César Duarte se desviaron más de 250 millones de pesos a las arcas partidarias, arguyendo exactamente lo mismo, que los trabajadores, o los funcionarios, “habían aceptado” que se les descontara un porcentaje de sus salarios, para ser entregados a los responsables de finanzas de su partido?
Igual que antes, aquí no pasa nada!
Sí hay una diferencia, y no es, para nada, menor.
En el caso de Delfina, al contrario de la Safiro, en ésta el presidente de la república salió a defender a la encargada de la educación de los niños y jóvenes mexicanos, bajo el sambenito de que “no la quieren, porque le quieren impedir que sea candidata” (en el EdoMex habrá elecciones de gobernador en el 2023). Pero no se detuvo, en absoluto, a reflexionar acerca del origen de la sanción, ni, por supuesto, a dudar de la “honestidad” de la maestra Delfina, solo porque Él así lo decidió.
¡Híjole!
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