Alejandra Gómez
El Diario de Juárez
El Gobierno del Estado mantiene con la UACJ desde el 2016 una deuda de 340 millones de pesos por subsidios estatales, informó el rector de la institución educativa, Juan Ignacio Camargo.
Señaló que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez tiene plena disposición para hacer factible la gradual gratuidad de la educación superior, pero es necesario “establecer la garantía en la asignación de recursos por parte del Estado”.
Según indican registros oficiales, el Gobierno estatal está obligado a entregar cada año el subsidio, que en 2020 fue de 462 millones 163 mil 948 pesos comprometidos en el Presupuesto de Egresos.
El pasado martes 9 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la expedición de la Ley General de Educación Superior, la cual además de reconocer la autonomía de las universidades y fomentar la prevención de la violencia de género, propone ampliar la matrícula de las universidades y su gratuidad.
“A las instituciones nos afecta la cláusula sobre disponibilidad presupuestaria, habría que eliminarla a fin de no condicionar los derechos sociales y las acciones que se puedan realizar para garantizar los recursos económicos”, explicó el rector.
Agregó que existe ambigüedad respecto a la creación del Fondo Federal Especial. “Ahora principalmente por los gastos extraordinarios derivados de la pandemia por Covid-19 pareciera que esto se ve a largo plazo”.
También señaló que es necesario precisar cómo será la asignación y distribución de recursos derivados del Fondo Federal Especial, así como diferenciar el fondo destinado a las universidades del dirigido a las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Por último, dijo que “era necesario reafirmar el respeto a la autonomía de las instituciones universitarias para evitar la intromisión de los congresos locales en las materias que son facultad y responsabilidad exclusiva de las universidades autónomas”.
El director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Abraham Paniagua, también señaló la importancia de fortalecer la autonomía de las universidades por medio de la Ley General de Educación Superior, ya que consideró que desde hace años se puso en duda esta característica.
Explicó que si bien resulta positivo para los estudiantes que mediante un proyecto legal se garantice el acceso y la permanencia bajo esquemas de gratuidad, “falta que la ley se reglamente y, sobre todo, establezca los esquemas de financiamiento… porque la duda es cómo se van a resarcir los fondos de ingresos propios de las universidades”.
La aprobación de la Ley General de
Educación Superior surgió a unos meses de que estudiantes de la UACJ protestaran en las instalaciones de la Rectoría exigiendo su derecho a acceder a una educación gratuita, luego de que supuestamente la máxima casa de estudios aumentara la cuota de inscripciones.
