Ayer, en uno de los exclusivos restaurantes de la zona del periférico de la Juventud de la capital, el exgobernador Javier Corral fue abofeteado por el ex Secretario General de Gobierno de la administración de César Duarte.
En la trifulca participó el ex diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes, ex yerno de Romero, detenido también en el gobierno de Corral y liberado luego de entregar poco más de dos millones de pesos.
En el episodio, el ex mandatario, convertido en parte del equipo de asesores de la precandidata del bloque oficial, Claudia Sheinbaum, era acompañado de algunos de los empresarios que bajo su mando se convirtieron en funcionarios de gobierno corralista.
En el zipi zape Romero le reclamó haber sido detenido en el día de la navidad de 2019, a los 74 años de edad por un caso que alegó tenía origen en tiempos muy lejanos a los del gobierno de Duarte, sin orden de aprehensión.
Luego pasó dos años en prisión domiciliaria, acusado de haber influido para que se pagara un sobreprecio de 9 millones de pesos por ese terreno. Su proceso no ha concluido.
Ahora ha emprendido el camino de demandar a Corral, al Fiscal César Peniche y al ex fiscal Paquito González de tortura pues fue sometido a temperaturas bajo cero, además de que le acusó, alegó en su momento, de haber avalado la compra irregular, por el gobierno estatal, de un predio en Guachochi, en el cual se construyó un cuartel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El predio fue comprado a un costo de 20 millones de pesos, por la Secretaría de Hacienda que, según Romero, se compró en 2011, un año antes de que fuera secretario general de Gobierno y encabezara el Comité de Patrimonio Inmobiliario.
Su proceso no ha concluido. Afirma que «el terreno sigue en posesión del gobierno de Chihuahua y actualmente se cotiza en unos 70 millones de pesos. ¿Cuál es mi delito si yo llegué un año después de que el gobierno había pactado la compra?».
Pero más allá de los procesos jurídicos entablados en contra de Raymundo Romero y de éste en contra de los funcionarios del gobierno de Corral, lo cierto es que éste, contrariamente a lo que pudiera esperarse, no puede pasearse por los restaurantes y lugares a los que acostumbra, por su tren de vida, debido a que son los mismos lugares de muchos a los que persiguió, aprehendió y torturó.
Y es que prácticamente todos los ex funcionarios duartistas detenidos durante su gobierno han sido liberados, ya sea porque se declararon culpables, o porque demostraron la inexistencia de pruebas que demostraran su culpabilidad y regresaron a sus vidas sociales, las que desarrollan en los sitios en los que ha sido increpado el exgobernador.
No es que se festine la agresión, pero vaya que es altamente explicable. Las evidencias de las torturas ejercidas en contra de los acusados han sido demostradas palmariamente, lo que, además de constituir un delito, se han convertido en argumentos jurídicos para que la justicia federal les otorguen los respectivos amparos, en virtud de haber violado el derecho al debido proceso de los acusados, como es el caso del ex gobernador Duarte.
El episodio que ahora abordamos fue precedido meses atrás del sufrido por Corral, a manos del empresario y ex funcionario municipal y estatal, Enrique Valles, miembro de una de las familias más poderosas de la capital chihuahuense.
Corral no puede pretender emular a su líder-guía, el ex gobernador Francisco Barrio que, al igual que otro de los ex gobernadores, Fernando Baeza, pueden frecuentar tales lugares sin el temor de ser increpados por algún ciudadano molesto con alguno de sus actos de gobierno.
Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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