México ha construido durante años un marco jurídico cada vez más amplio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
México ha construido durante años un marco jurídico cada vez más amplio para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En principio, nadie podría oponerse a ello. Garantizar la dignidad humana, prevenir abusos y erradicar prácticas autoritarias del pasado constituye una obligación de cualquier Estado democrático. El problema surge cuando la protección de derechos se convierte en una estructura burocrática que paraliza la acción inmediata de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a los menores.
Hoy, un maestro enfrenta una paradoja extraordinaria. Se le exige garantizar ambientes seguros, prevenir la violencia, detectar conductas de riesgo, intervenir ante casos de acoso escolar, identificar posibles delitos sexuales, atender conflictos emocionales, contener crisis psicológicas y mantener el orden dentro de grupos cada vez más complejos. Sin embargo, al mismo tiempo, se le han retirado progresivamente herramientas efectivas para ejercer autoridad y disciplina.
La consecuencia es evidente: se ha construido un sistema que responsabiliza al docente de todo, pero lo faculta para muy poco. Entre la protección de derechos y la realidad cotidiana de las escuelas se abrió un enorme vacío institucional. En ese peligroso vacío para ellos viven hoy miles de maestros.
La autoridad educativa contemporánea parece haber olvidado una verdad elemental: la disciplina escolar no es enemiga de los derechos humanos. Por el contrario, constituye una condición indispensable para garantizar el derecho a aprender, el derecho a la seguridad y el derecho a una convivencia pacífica.
Diversos casos muy recientes que se han presentado en nuestra ciudad, llaman poderosamente la atención a un tema que debería estar en el centro del debate público por lo delicado de su naturaleza, porque involucra a nuestra niñez y adolescencia así como a todo el entorno que tiene que ver con la educación, sabedores, todos, que de eso depende en muy buena medida la formación de ciudadanos con capacidades y habilidades suficientes para alcanzar metas de desarrollo personal y social, así como para mantenerse dentro de una conducta aceptable en la comunidad, o por lo menos así había sido por décadas.
Sin duda alguna, la educación es la herramienta que ha hecho que países como China, Japón, Alemania y otros hayan superado en muy poco tiempo, verdaderas debacles económicas que los colocaron literalmente en el piso, pero que, gracias a intensos programas educativos lograron revertir.
Pero en México, y Chihuahua no es la excepción, nuestro sistema educativo padece de una grave enfermedad que amenaza con destruirlo: el burocratismo indolente.
Y no me refiero a programas o planes de estudio, que también es un tema de discusión y análisis que dejaremos para otra ocasión, me refiero específicamente a las garantías de seguridad, integridad y formación que los alumnos deberían tener en cualquier plantel educativo, sean públicos o privados pero que desafortunadamente carecen de ellas. Es un tema bastante delicado.
Durante años, instituciones educativas de Chihuahua y Ciudad Juárez han enfrentado denuncias relacionadas con acoso sexual, hostigamiento, agresiones y violencia dentro de sus comunidades escolares. La propia Universidad Autónoma de Ciudad Juárez reconoció públicamente, años atrás, la existencia de profesores separados de sus cargos tras acreditarse conductas de acoso contra alumnas por largos espacios de tiempo. Más recientemente, nuevas denuncias volvieron a colocar sobre la mesa cuestionamientos sobre la capacidad institucional para responder de manera eficaz y oportuna ante señalamientos de violencia sexual en otras instituciones educativas como la UACH.
Pero no solo en las universidades se dan estos preocupantes casos, se dan en todos los niveles educativos, ya incluso en preescolar antes impensable siquiera, y son en primera instancia los maestros y directivos de planteles escolares quienes deben lidiar con esta grave problemática.
El escenario es particular y especialmente grave cuando se observan situaciones relacionadas con acoso sexual, violencia escolar o conductas que podrían poner en riesgo a otros estudiantes. Las leyes exigen a docentes y directivos actuar de inmediato, documentar hechos, activar protocolos, informar a autoridades, proteger a las víctimas y preservar evidencias. Sin embargo, cuando llega el momento de tomar decisiones urgentes para evitar daños mayores, la realidad suele ser muy distinta.
La respuesta institucional suele caracterizarse por la lentitud, los procedimientos administrativos pueden extenderse durante semanas o meses, las investigaciones ministeriales pueden durar años, las autoridades educativas suelen recomendar prudencia extrema, y los planteles escolares quedan atrapados en medio de una tormenta jurídica donde cualquier decisión puede convertirse posteriormente en motivo de sanción o litigio. Mientras una escuela enfrenta una denuncia en tiempo real, las investigaciones administrativas pueden durar meses. En otras palabras, el sistema exige actuar rápido en beneficio de las víctimas, pero castiga a quien toma decisiones. Tremenda contradicción.
Quizá pocos ejemplos reflejan mejor esta contradicción que algunas controversias recientes ocurridas en Chihuahua y Ciudad Juárez. Por un lado, la opinión pública conoció el caso del alumno del CECyTECH que sufrió daños irreversibles tras una actividad escolar relacionada con materiales químicos. Independientemente de las responsabilidades específicas que correspondan determinar a las autoridades competentes, que hasta el momento han negado la protección al menor, el caso puso sobre la mesa preguntas fundamentales sobre supervisión, prevención y protección de estudiantes dentro del sistema educativo.
Por otro lado, el caso del Instituto TESLA ha generado un debate igualmente complejo. La controversia judicial surgió a partir de decisiones disciplinarias adoptadas por una institución educativa privada en un contexto marcado por señalamientos públicos, inconformidades y conflictos relacionados con conductas atribuidas a un estudiante.
Más allá del resultado específico del litigio, el asunto plantea interrogantes profundas sobre el papel que deben desempeñar las escuelas cuando enfrentan acusaciones delicadas y situaciones potencialmente riesgosas para otros alumnos.
¿Qué debe hacer una escuela cuando existen señalamientos reiterados por parte de estudiantes? ¿Qué ocurre cuando los padres de familia no presentan denuncias formales? ¿Qué sucede cuando las autoridades educativas recomiendan determinadas acciones, pero posteriormente esas mismas decisiones terminan siendo cuestionadas judicialmente? ¿Qué margen de actuación real tienen los directivos cuando las instituciones encargadas de investigar no emiten resoluciones oportunas? Estas preguntas revelan una falla estructural del sistema.
Las instituciones educativas han sido colocadas en una posición imposible, si intervienen, corren riesgos jurídicos; Si no intervienen, pueden ser acusadas de omisión; Si actúan preventivamente, pueden enfrentar demandas ¿Qué hacer pues?
El caso del Instituto TESLA deja al descubierto una serie de inconsistencias institucionales y familiares muy graves, que deben ser atendidas en forma urgente. Por un lado, es inconcebible que siendo alrededor de 20 casos denunciados ante las autoridades escolares, solo uno haya llegado a la FEM (Fiscalía Especializada de la Mujer) y que este no haya sido ratificado debidamente por lo que el inculpado ni siquiera pudo ser vinculado a proceso penal por ese delito ¿Por qué no hubo más denuncias penales?
Por otro lado, resulta igual de indignante que la autoridad educativa (SEyD) habiendo recibido en tiempo y forma todos los reportes sobre el tema, solo se haya limitado a tibios comunicados o recomendaciones sin tomar la responsabilidad que le corresponde como autoridad en la materia y, finalmente, el juez civil que condenó al pago del supuesto daño moral, tenía toda la obligación ética, legal y moral de escudriñar a fondo el caso y, si no estaba en posibilidades técnicas de resolver por un expediente deficiente, excusarse de hacerlo.
Cuando el Estado abandona a los maestros, desprotege a los alumnos y castiga a quien intenta actuar en beneficio de ellos.
