El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez no fue solo un crimen político: fue un acto de terror que desnudó, una vez más, la fragilidad del Estado mexicano frente al crimen organizado.
Manzo no era un político tradicional. Fue electo con más del 66% de los votos como candidato independiente. Representaba a una ciudadanía harta de los partidos, de los pactos oscuros y de las simulaciones. Su figura encarnaba la esperanza de que la seguridad y la dignidad volverían a ser prioridad. Pero lo mataron. Lo mataron frente a su familia, en una plaza pública, durante una celebración del Día de Muertos; y con él, intentaron asesinar también la idea de que otro México es posible.Sin embargo, lo que provocaron fue una ola de indignación que no se apaga. Jóvenes, comerciantes, estudiantes y familias han salido a las calles de Michoacán a exigir justicia y a gritar que no se callarán.
Este crimen no es un hecho aislado: es el síntoma de un sistema corroído, vetusto e inoperante.Michoacán estrena su octavo plan de seguridad en pocos años, y ninguno ha funcionado, porque el cáncer no está en la superficie: está incrustado en las instituciones, en los mandos de seguridad que pactan complicidades, en los gobernantes que entregan activos al crimen y solo administran lo que les sobra.La ineficacia estructural se agrava cuando el cumplimiento del deber se subordina a la ambición política.En Chihuahua, más del 65% de la población vive en condiciones de incertidumbre, zozobra y miedo. La violencia no cede, la impunidad se normaliza y la ciudadanía se siente abandonada por un aparato de seguridad que ha priorizado la propaganda sobre los resultados.
La inseguridad persiste mientras los responsables de la seguridad, Gilberto Loya y César Jáuregui Moreno, en la procuración de justicia, se proyectan para una candidatura sin antes rendir cuentas completas sobre su encargo.Es la demostración de que, para una parte de la clase política, el cargo es la plataforma personal antes que un juramento de servicio a la comunidad.No se cuestiona su derecho a aspirar, pero sí su deber de cumplir primero con el encargo que protestaron.Es necesario que el dinero público deje de financiar privilegios opacos y se dirija con transparencia y urgencia a los pilares de la dignidad social: la construcción de más hospitales, escuelas, presas y caminos.
El coraje nacido de la tragedia de Manzo y la persistente indignación en estados como Chihuahua son la señal más clara de que la voz de denuncia no puede ser un murmullo de complacencia. Debe ser un grito organizado que sacuda conciencias, que haga de la corresponsabilidad la única ruta y que cimiente la posibilidad de otro México, desde la verdad innegociable.
El mayor homenaje a Carlos Manzo es transformar el dolor en una acción cívica incansable que nos permita entender que, después de tanta violencia, existe un porvenir mejor donde, unidos, podemos construir un país más justo para todos.
En este contexto, Morena también juega su carta política. Con la reforma al artículo 65 constitucional, impulsada por el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar, se pretende incorporar la revocación de mandato en las elecciones intermedias, lo que permitiría incluir a la presidenta en las boletas y asegurarle a su partido una ventaja electoral artificial.
Además, como lo ha adelantado la presidenta de Morena, Rosa María Alcalde Luján, en 2026 los candidatos a las gubernaturas serán nombrados como “defensores de la Cuarta Transformación”, lo que les permitirá encabezar acciones de apoyo social y proselitismo institucional un año antes del proceso electoral, aprovechando los programas de gobierno para posicionarse políticamente.Todo esto configura un escenario de competencia desigual, uso faccioso de los recursos públicos y debilitamiento democrático. En contraste, el candidato natural del PAN a la gubernatura sigue siendo Marco Bonilla, quien ha demostrado capacidad de gestión, cercanía con la ciudadanía y resultados tangibles.
Es momento de alzar la voz. Chihuahua no puede seguir siendo rehén de la simulación, la propaganda y el oportunismo. La ciudadanía merece seguridad real, instituciones imparciales y elecciones limpias.
