El Consejo de Amdinistración del INFONAVIT aprobó cambios al Reglamento General en donde sólo prestará dinero para la compra de vivienda dentro de sectores de las ciudades y no en fracciamientos alejados.
En sesión extraordinaria, el Consejo de Administración -integrado por los sectores obrero, empresarial, y gobierno- acordó que, para dar certidumbre a la clase trabajadora que decida formar un patrimonio a través de un crédito Infonavit, a partir de mayo de 2022 los financiamientos que otorgue el Instituto para la adquisición de vivienda o suelo destinado al desarrollo habitacional deberán apegarse a nuevos criterios de ubicación, entorno y movilidad.
Las reglas aprobadas incluyen lineamientos técnicos que ponderan tres factores:
*Ubicación, entorno de la vivienda y el suelo destinado a vivienda.
*Criterios relativos a movilidad adecuada.
*Criterios de acción colectiva en mantenimiento y operación en desarrollos habitacionales de traza urbana cerrada.
En relación con la ubicación y entorno urbano, se establece que el inmueble deberá acreditar cercanía de hasta dos kilómetros con escuelas primarias, centros de abasto, espacios recreativos, así como vías principales; y de hasta dos y medio kilómetros con respecto a escuelas secundarias y establecimientos de salud.
De igual forma, la vivienda deberá estar asentada en una zona que cumpla con los criterios de densidad de empleo establecidos en las Reglas de Carácter General, es decir, la relación de la cantidad de fuentes de trabajo por hectárea en una localidad.
Respecto a la movilidad, criterio que por primera vez se considera para el otorgamiento de los Créditos Infonavit, se evalúa el acceso tiempos de traslado máximos de 30 minutos de caminata, 20 en bicicleta o 45 en transporte público entre el inmueble y las escuelas, centros de trabajo y distintas zonas de interés.
En el caso de los desarrollos habitacionales de traza urbana cerrada -aquellos en los que las viviendas, calles, plazas y parques internos se encuentran desconectados del entramado urbano, ya sea que cuenten o no con acceso controlado- se establece que el Instituto deberá constatar que el suelo o la vivienda estén sujetos a algún esquema formal que brinde herramientas para la acción colectiva de mantenimiento y operación de áreas de uso común.
Cuando el desarrollo habitacional se encuentre en la etapa de comercialización, el constructor deberá asumir los gastos de mantenimiento y operación de las áreas de uso común hasta que exista la participación suficiente de propietarios para garantizar la viabilidad financiera de estos cargos.
