En los días previos, la contradicción entre el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la ex embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, ha ocupado la atención de la opinión pública.
El origen de tal confrontación estriba en que el Secretario de Estado en el gobierno de Donald Trump, Mike Pompeo, -cuando Bárcena era la embajadora- afirmó en sus memorias, publicadas semanas atrás, que Ebrard le pidió no informar públicamente que México había estado de acuerdo en el programa “Quédate en México”, que era la denominación del acuerdo mediante el cual México se convertía en el “tercer país seguro”.
Esa denominación es para el país que se compromete a recibir a los migrantes -de cualquier nacionalidad- que hubiesen solicitado asilo político, en este caso a EU, y que para esperar la resolución norteamericana, sean recibidos por México.
Martha Bárcena ratificó el dicho de Pompeo, Ebrard confirmó que no era cierto y acusó a la embajadora de mentirosa.
Todo hace suponer que no existió el acuerdo como tal, pero en los hechos el gobierno de López Obrador actuó como un ejemplar “tercer país seguro”.
Las evidencias de tal política abruman, y no es una frase, las autoridades (sobre todo las municipales) de todos los municipios fronterizos del norte del país, son las que han debido afrontar las consecuencias de ello, y sin el debido apoyo federal para recibir a las oleadas de migrantes devueltos por EU.
A mediados de abril de 2019, el gobierno norteamericano había devuelto a cerca de 400 centroamericanos a esperar en Juárez su proceso de asilo político. (Nota de Hérika Martínez Prado, El Diario de Juárez, 19/IV/19).
Asimismo, “Amnistía Internacional afirmó que en Tijuana estaban casi 5 mil personas buscando asilo, pero tal vez el 45% son mexicanos” y que porcentajes incluso superiores de compatriotas esperando asilo se presentaban en esas fechas en San Luis Río Colorado, Sonora, (80 %). (Ibídem).
Tal situación se había agravado a principios del año siguiente, “Según datos del Instituto Nacional de Migración (Inami), más de 18 mil 670 extranjeros han sido retornados de Estados Unidos a Ciudad Juárez de marzo a diciembre del año pasado. De ellos, de acuerdo con el senador, sólo menos del 2% han logrado tener una representación legal ante la Corte de Inmigración”. (Nota de Hérika Martínez Prado, El Diario, 15/I/20).
Los hechos son contundentes, desmienten tajantemente los dichos del canciller Marcelo Ebrard.
“Más de 5 mil 155 migrantes hondureños han sido retornados por el Gobierno de Estados Unidos a Ciudad Juárez bajo el programa ‘Permanecer en México’ o ‘Quédate en México’ para que esperen aquí su proceso de asilo político, por lo que dicho país instaló un consulado móvil en el Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM)”. (Nota de Hérika Martínez Prado, El Diario, 13/II/20).
El problema llegó a ser inmanejable para las autoridades locales, debido a que “según cifras del Instituto Nacional de Migración (Inami), hasta el 19 de febrero pasado habían sido retornados a Ciudad Juárez 19 mil 740 personas, mil 69 personas durante 2020 y 18 mil 671 en 2019”. (Nota de Hérika Martínez Prado, El Diario, 28/II/20).
Un mes más tarde, el Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) informó que habían retornado a México a 20 mil extranjeros por Ciudad Juárez. (Con información de Hérika Martínez Prado, 3/III/20).
No lo firmaron, pero en los hechos resultó como el muro que pretendía construir Donald Trump; el muro no fue de hierro, sino de elementos de la Guardia Nacional.
No lo erigieron en la frontera norte, sino en la frontera sur.
Y México sí actuó -lo sigue haciendo- como “tercer país seguro”.
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022
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