Rolando Herrera/ Reforma
Ciudad de México.- El número de víctimas y de actos de corrupción en la prestación de servicios básicos creció en 2019 en el país respecto del registrado dos años antes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019 realizada por el Inegi.
La encuesta reportó que el año pasado se tuvo una tasa de 15 mil 732 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2017 la tasa se ubicó en 14 mil 635 víctimas, es decir, hubo un incremento de 7.5 por ciento.
Respecto de la tasa de incidencia, el año pasado se registraron 30 mil 456 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, en tanto que en 2017 se ubicó en 25 mil 541 casos, es decir, hubo un aumento 19.2 por ciento.
«El mayor porcentaje en experiencias de corrupción se estimó en el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.2 por ciento de los casos; seguido de los trámites relacionados con permisos de uso de suelo, demolición o construcción, solicitudes de constancias de libertad de gravamen u otros trámites en el Registro Público de la Propiedad con 25 por ciento», indicó el Inegi en un comunicado.
Los estados que tienen la mayor tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes son Durango, con 25.4 miles de víctimas; Ciudad de México y Estado de México, ambos con 20.7 miles; Morelos, con 16.4 miles; Guanajuato, con 16.2 miles, y Jalisco, con 16.1 miles.
A pesar de este incremento en el número de víctimas y de actos de corrupción, la percepción de la gente fue que hubo una reducción en la frecuencia de los actos de corrupción en las instituciones de gobierno, al pasar de 91.1 por ciento en 2017 a 87 por ciento en 2019.
«Estas cifras expresan tanto la relación de personas afectadas, como las experiencias de corrupción registradas en trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, así como otro tipo de contactos con servidores públicos en áreas urbanas.
«La cobertura conceptual y el alcance metodológico de este programa estadístico contemplan actos de corrupción en actividades relacionadas con la vida cotidiana de los hogares y no de las actividades que permiten el desarrollo de las unidades económicas», explicó el Inegi.
