Juan y Enrique son jóvenes de 15 y 16 años de edad que viven en la colonia La Concordia, en esta ciudad de Chihuahua, por el rumbo del Lombardo Toledano. El pasado miércoles salieron caminando, alrededor de las 9 de la mañana, a visitar a unos familiares que radican en Punta Oriente. Para llegar hasta ahí se debe pasar por varios fraccionamientos, además de enormes espacios con apenas algunas construcciones.
En uno de estos solares los alcanzó una camioneta de Seguridad Pública del municipio de Aquiles Serdán, de la cual bajaron cuatro policías armados, ordenándoles que se detuvieran. Juan obedeció, pero Enrique salió corriendo y fue alcanzado por los agentes del orden detrás de unas tapias, donde intentaba esconderse.
Una vez sometidos y esposados, se les preguntó dónde estaba la droga, asegurándoles que sabían que eran traficantes y que dijeran todo lo que sabían sobre el tema.
A pesar de que manifestaron ser menores de edad, fueron llevados a la comandancia, donde los encerraron en una de las celdas —literalmente cuevas habilitadas como tales—, en las que nuevamente fueron interrogados y se les negó poder comunicarse telefónicamente con sus familiares.
Por la tarde, al no saber de ellos, los padres comenzaron a buscarlos. La madre de Juan llamó a la comandancia para preguntar si estaban detenidos; le respondieron que sí, que los habían detenido intoxicados, y le solicitaron llevar ropa y comida para los muchachos.
Al llegar con lo pedido, los familiares preguntaron el motivo de la detención. La respuesta fue que los acusaban de ser traficantes y que, aunque no les habían encontrado drogas, estaban intoxicados.
Pese a los ruegos de los menores y de sus familias, no los dejaron salir hasta que personal del DIF los entregara. Como ya era tarde, tendrían que esperar hasta el día siguiente.
Esa misma noche, los padres acudieron al Juzgado de Distrito, donde presentaron un amparo. Alrededor de las 5 de la mañana, personal del Juzgado Federal se presentó en la comandancia para verificar el estado de salud de los menores, encontrando que tanto Juan como Enrique tenían cuatro garrapatas cada uno, además de chinches, y los rostros amoratados por picaduras de moyotes y otros insectos.
No fue sino hasta cerca de las 2 de la tarde —más de 24 horas después— cuando Araceli Guadalupe Rodríguez Olivas, funcionaria del Departamento de Trabajo Social de Aquiles Serdán, finalmente ordenó su liberación, no sin antes reclamar a los padres por haberse quejado ante la justicia federal, haciéndolos responsables de las consecuencias que ello pudiera traerle en su trabajo.
Ese mismo día, los menores fueron llevados a un laboratorio particular para practicarles un examen toxicológico, que resultó negativo.
Hoy, cuando en Chihuahua se habla de un gran interés por parte de las autoridades en mejorar la seguridad pública, capacitar mejor a sus integrantes y humanizar las prácticas y protocolos de prevención, nos damos cuenta de que la realidad dice otra cosa. Instituciones como el DIF, que conocen la normatividad sobre el interés superior de los menores y que saben que no se puede retener a adolescentes sin cargo alguno, se molestan porque se acude a instancias federales para reclamar sus derechos.
Quedan pendientes las quejas ante la CEDH, las denuncias ante la Fiscalía y el proceso ante la justicia federal.
Ojalá, Jonathan, que lo que les pasó a Juan y Enrique sirva de ejemplo para que quien sufra acciones ilegales por parte de las autoridades policiacas sepa que siempre puede acudir a las instancias superiores a reclamar justicia.
