Por J. ALMODÓVAR/Acento noticias
CHIHUAHUA CHIH.- El auditor superior Héctor Acosta Félix, dio a conocer la obtención de una resolución sancionadora contra dos servidores públicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) encargados de pagar las cuotas a Pensiones Civiles del Estado (PCE), quienes omitieron su obligación a pesar de contar con los recursos para ello.
Se trata de la inhabilitación del exdirector administrativo Francisco M.S. y la exjefa del Departamento de Tesorería de la UACH Ana Lilia R.F., por la omisión en el pago de las aportaciones debidas a Pensiones Civiles del Estado.
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) resolvió la inhabilitación por seis meses de ambos exservidores públicos al encontrarlos responsables de la falta grave de abuso de funciones por no enterar las aportaciones correspondientes a la seguridad social de sus afiliados.
Lo anterior es resultado de la revisión que la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó a la situación financiera tanto de Pensiones Civiles como de las instituciones afiliadas respecto al cumplimiento de las obligaciones de seguridad social, cuotas, aportaciones y servicio médico.
Al revisar el ejercicio de la UACH, se advirtió que el ente tenía un adeudo total de 209 millones 802 mil 826 pesos con el organismo de seguridad social, con lo cual incurría en una falta grave, que posteriormente pudo acreditarse para su sanción.
Como parte de sus atribuciones, el director administrativo de la UACH debió haberse asegurado que los recursos financieros de la institución fueran dirigidos para el buen funcionamiento administrativo de PCE, y supervisar que la tesorera programara y pagara las aportaciones por concepto de seguridad social, servicio médico y diferencial de servicio médico necesarias.
La ASE presentó ante el TEJA el informe por la irregularidad encontrada, cuya resolución quedó a cargo de la Quinta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, instancia notificó al órgano fiscalizador la confirmación de la falta e inhabilitación de los imputados.
La resolución del TEJA, que se emite en medio de la crisis de Pensiones Civiles del Estado y los reclamos de sus afiliados por las deficiencias del servicio, determinó que la omisión fue arbitraria, ya que los ahora sancionados conocían la relevancia y prioridad del cumplimiento del pago y dicha conducta afectó el flujo de efectivo que la institución de seguridad social requería para hacer frente a su labor.
Al respecto, el Auditor Superior señaló que esta acción punitiva se presenta dentro de un contexto de preocupación generalizada por la falta de recursos que dificulta a PCE brindar un mejor servicio médico y eficiente. Y agregó, éstas son las primeras sanciones que ocurren como consecuencia de la revisión minuciosa que permitió conocer la situación financiera de Pensiones y los afiliados con adeudos pendientes.
