Diferente a López Obrador.
Las desapariciones forzadas son una realidad que ha cobrado una dimensión considerable en México. Los grupos colectivos de madres y familias buscadoras de personas desaparecidas han mantenido un reclamo constante por la inactividad y negligencia que gobiernos anteriores, y particularmente el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, han mostrado en relación a la problemática de desaparición forzada de personas.
Hoy, la Organización de las Naciones Unidas, máximo órgano de representación jurídico-política la comunidad internacional, se suma a las presiones que en este tema enfrenta el gobierno mexicano.
La ONU ha declarado que es evidente que el Estado mexicano ha incumplido su deber de prevención y protección para evitar la comisión de desapariciones forzadas de personas y, en su caso, investigación de las mismas. Así mismo, la entidad garante de la actuación política y el respeto a los derechos humanos, en el mundo, ha anunciado que investigará en México los casos de desaparición de personas, en virtud del alarmante nivel que han alcanzado.
Ante la presión internacional e interna, provenientes de la ONU y las organizaciones de madres y familias buscadoras de personas desaparecidas, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a reaccionar de manera distinta al de su antecesor Andrés Manuel López Obrador, quien siempre se mostró indolente, e incluso despectivo, ante los reclamos de quienes han sufrido el delito de desaparición forzada.
El reciente caso del descubrimiento del centro de exterminio que operaba en el Rancho Izaguirre, situado en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron encontrados cientos de pares de zapatos, y restos de personas sujetas a desaparición forzada y posterior ejecución, fue la gota que derramó el vaso y terminó por llevar este problema al escaparate internacional.
Para empezar a limar asperezas y componer la relación con los grupos de madres buscadoras -y con la sociedad en general-, Claudia Sheinbaum ha ordenado a la secretaria de gobernación reunirse con las representantes y líderes de estos entes colectivos.
Luego del primer encuentro con Rosa Icela Rodríguez, titular de la SEGOB, la lideresa de Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, ha dicho que el trato de este gobierno es diferente al anterior, lo cual es un buen comienzo; sin embargo, también ha admitido que “con este gobierno estamos empezando de cero”.
La situación en nuestro país es crítica. México lidera en solicitudes a la ONU sobre desaparecidos; está por arriba de Irak, Colombia y Cuba en peticiones de medidas urgentes para buscar a las personas e iniciar investigaciones.
En este contexto, la secretaria Rodríguez ha dicho que el Gobierno cesará a funcionarios que desdeñen las denuncias y actúen de forma indolente ante las víctimas. La postura de la actual presidenta de México es distinta a la de su inmediato antecesor, y hace evidente la negligencia cometida por Andrés Manuel López Obrador, respecto al deber político y jurídico que lo obligaba a prevenir, evitar e investigar la desaparición forzada de personas. AMLO incumplió su deber; Sheinbaum parece estar dispuesta a hacer lo que le corresponde.
carloshjaramillovela@yahoo.com
Miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua, A.C.
