(msn) Aunque muchos extranjeros creen que tener una visa o residencia permanente (Green Card) los protege automáticamente de la deportación, la realidad es que el estatus migratorio legal no es un escudo absoluto.
Y es que bajo ciertas circunstancias, incluso residentes permanentes y titulares de visas pueden enfrentar procesos de expulsión, un escenario que se intensificó con el nuevo gobierno de Donald Trump.
Según el Título 8 del Código de Estados Unidos, existen múltiples razones por las que un residente permanente o titular de visa puede ser sometido a un proceso de deportación, entre ellas:
*Sentencias por delitos graves, como homicidio, violación o tráfico de drogas
*Fraude, como falsificar documentos para obtener beneficios migratorios
*Pérdida de residencia condicional por incumplir requisitos
*Actividades que amenacen la seguridad nacional, como vínculos con grupos terroristas.
En estos casos, el gobierno debe presentar pruebas claras y convincentes ante un juez de inmigración, quien tiene la última palabra sobre la expulsión.
Cuando las autoridades determinan que una persona con estatus legal es «deportable», inician un procedimiento formal que incluye:
– Notificación de Comparecencia (NTA): Un documento que detalla los motivos legales de la posible expulsión
– Audiencia preliminar: se da a conocer al individuo de los cargos en su contra
– Audiencia de mérito: las dos partes deben presentar pruebas y argumentos
– Decisión judicial: el juez decide si procede la deportación o no
– Apelación: en caso de un fallo adverso, el afectado puede recurrir a tribunales superiores
Es importante señalar que en aeropuertos y fronteras el proceso es diferente, pues que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) pueden negar la entrada sin necesidad de un juicio, especialmente si detectan antecedentes penales o sospechas de violación migratoria.
Vale la pena señalar que diversas organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han denunciado que, bajo el mandato de Trump, se amplió el uso de las leyes migratorias para deportar a personas sin delitos graves, incluso por motivos políticos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió estas medidas, argumentando que buscan proteger la seguridad nacional y aplicar la ley con firmeza.
