Con la resolución dictada por la sala regional del Tribunal Electoral, la lista completa que había sido insaculada por el Comité del Legislativo y que por diversidad de criterios, derivadas de la pluralidad política del Congreso, habían quedado fuera del proceso; 48 juristas más, aparecerán en la boleta electoral, como aspirantes a magistrados.
A pesar de que no todos los que habían quedado fuera de la boleta, manifestaron su inconformidad y buscaron revertir la decisión por medio del recurso, el resultado beneficio a todos, según lo expusieron las juezas Perla Guadalupe Ruiz Gonzalez, Alejandra Ramos Duran, Erika Mendoza Garcia y la abogada Gabriela Marquez Blanco.
Las condiciones que se han establecido para que los participantes puedan realizar con mayor efectividad su labor proselitista, están demasiado acotadas por las limitantes que se les han impuesto, prácticamente solo ellos y sus familias, podrán solicitar el voto ciudadano, no podrán convocar a reuniones, como tampoco aprovechar más allá de las redes sociales para darse a conocer y se limitarán a promover la participación a través del uso del internet.
El TSJ, había también establecido que sus funcionarios no deberían de participar en apoyo a los candidatos fuera de sus horarios laborales, aunque eso represente una restricción a su esfera de derechos humanos, ya que si bien son funcionarios, también es cierto que con su tiempo libre, pueden utilizarlo para lo que ellos mismos decidan, siempre y cuando no utilicen recursos públicos.
Yanko Duran, la extraordinaria presidenta del IEE ha establecido que son las organizaciones de abogados las más adecuadas para llevar a cabo debates y confrontación de ideas con los candidatos, porque son foros de discusión naturales, además de tener el compromiso de difundir a la sociedad estas prácticas, siempre y cuando haya una total apertura a todos los aspirantes y no se concentren solamente en uno o varios de forma recurrente.
El éxito o fracaso de esta elección, -por el porcentaje de participación ciudadana-, es responsabilidad del INE y localmente del IEE, pero además, la totalidad de los participantes conocen la convocatoria, sus derechos y obligaciones y muy difícilmente, violarían la ley para alcanzar una mayor votación.
En todo proceso jurídico que se pone en consideración de un juzgado, la razón se le otorga a solo una de las partes, pero la que no obtiene lo que pretendía en una primera instancia, puede apelar esta decisión y un tribunal superior revisará la sentencia y podrá modificarla o ratificarla.
Las descalificaciones personales hacia los juzgadores acusándolos de corrupción y deshonestidad por sus sentencias, promovidas por la parte que no logró alcanzar sus pretensiones y que revisadas por otro tribunal superior fueron ratificadas como bien dictadas, deben analizarse bajo la objetividad del razonamiento y no por la pasión del arrebato.
La calidad de justicia que se imparte en Chihuahua es de las más reconocidas a nivel nacional por el alto grado académico de sus juzgadores, y la columna vertebral de este sistema de justicia, la integran los jueces y magistrados en funciones; el contar con juzgadores valientes que toman decisiones importantes basados en el aporte de pruebas y la valoración racional que se hace de ellas, sin aceptar ningún tipo de presiones, vengan de donde vengan, son los que definen la calidad de justicia que se imparte.
En materia penal, se recuerda la sentencia absolutoria que alcanzó Sergio Rafael Barraza Bocanegra, en el juicio por feminicidio en contra de su pareja Rubi Marisol Frayre Escobedo, hija de la activista Marisela Escobedo, quien falleciera asesinada frente a Palacio de Gobierno en diciembre del 2010.
Esta sentencia, que en casación fue revertida, da cuenta de que para dictar una vinculación a proceso, los requisitos son mínimos, pero para alcanzar una sentencia condenatoria, no debe quedar duda alguna sobre la plena responsabilidad del imputado.
La resolución unánime de los jueces Catalina Ochoa Contreras, Rafael Boudid Jurado y Netzahualcoyotl Zúñiga Vázquez, ha sido objeto de numerosos análisis jurídicos, todos coincidentes en que el tribunal actuó en estricto apego a la legalidad, al no aportar el MP las pruebas necesarias para acreditar el delito.
Ataques a jueces valientes es reclamo también al estado
Maria Cristina del Rosario Berjes Cardoso y Silvia Padilla Chavez, Alejandra Ramos Duran y una larga lista de juezas que a lo largo de su desempeño jurisdiccional, se han caracterizado por su apego a la legalidad, por respetar los derechos humanos de las víctimas e imputados, han sido constantemente blancos de ataques por parte de personas que se han sentido vulneradas por sus sentencias.
Existe una realidad insoslayable que tiene que ver con la desigualdad de condiciones laborales entre los agentes del Ministerio Público y los integrantes del Instituto de la defensoría.
La cantidad de carpetas que cada MP tiene la responsabilidad de trabajar, supera y por mucho la capacidad para cualquier persona, sin embargo, el trabajo se hace y se hace bien.
Si consideramos que la responsabilidad del defensor es grande, la del MP es mucho mayor y aunque está apoyada por la dirección de servicios periciales en la totalidad de los casos que presentan ante los tribunales, no en todos se logran acreditar sin lugar a dudas la plena responsabilidad del delito que se les imputa.
El reclamo al Estado, es que mínimamente igualen el salario de los defensores públicos, con quienes representan a la sociedad, para evitar la permanente rotación que se tiene de personal y mantener a quienes, por vocación, tienen tatuada la camiseta de la Fiscalía.
Lic. Ernesto Avilés Mercado
