Riggs castigado / Dónde sentar al berrinchudo / “Al grito de guerra” / Garduño intocable, ni por Claudia
UN NUEVO capítulo entre el regidor morenista Miguel Rigss Baeza y la síndica Olivia Franco Barragán, luego de que el Municipio de Chihuahua, activó el protocolo de protección de violencia contras las mujeres por razón de género.
El Órgano de Control Interno, le dictó al Regidor las medidas cautelares de no hablarle y no acercarse a la síndica, en tanto que el Tribunal Estatal Electoral, dictamina lo conducente y en su caso la Fiscalía General del Estado, si lo considera procedente.
Hay que recordar que hace dos semanas el Regidor durante una sesión de la Comisión de Hacienda, en la que estuvo virtualmente, olvidó apagar el micrófono y le llamó pendeja en dos ocasiones a la funcionaria; la evidencias están en audio y video.
El fin de semana vinieron las denuncias y las primeras medidas cautelaras, que dicen buscan, que no haya una revictimización de la víctima.
Ayer en la sesión de Cabildo se convirtió en todo show, para separar y colocar lo más lejos posible, al regidor de la Síndica. Vaya bronca.
Alguien por ahí sugirió, sentarlo en un rincón de cara a la pared como niño castigado, pero sólo quedó para el anecdotario.
Por lo pronto Rigss Baeza, continúa en su postura de que se trata sólo de un show mediático generado por lo medios de comunicación, por lo que nunca violento a la funcionaria; ahí seguirá.
Desde el Congreso local la fracción panista emitió un Punto de Acuerdo para que Morena, retire a su Regidor del encargo mientras las autoridades competentes dictaminan el caso.
La misma petición fue avalada y respaldada por la fracción edilicia de Acción Nacional y el PRI, en el Ayuntamiento de ese Municipio.
Las cosas no apuntan nada bien para el Regidor, quien con algo de humillada hubiese en su momento haber ofrecido una disculpa a la Síndica, pero no ocurrió así.
NADIE en sana y mínima conciencia, podría suponer que la soberanía de México y el bienestar de sus habitantes estarían fuera de ideologías y objetivos, de los gobernantes bien nacidos y bien crecidos.
En una síntesis muy ejecutiva de lo que se pregona en un desplegado financiado por el Gobierno Mexicano y firmado por todos los gobernadores del país.
Para que hacer esa manifestación pública, cuando son deberes ineludibles de cualquier gobernante en cualquiera de sus niveles, sin destinatario y con súplicas al cielo.
Desde luego que el manifiesto, llega tras las amenazas y decretos de Donald Trump, que direccionado para México son una mayor carga arancelaria, combate al crimen organizado y la llegada probable de miles de migrantes.
Un desplegado “nacionalista”, firmado por los gobernadores de todo el país, en nada ayuda y sólo es un grito de guerra al electorado de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Si así de fácil fuera; empecemos pues una guerra de desplegados. La presidenta se siente terriblemente debilitada; la causa central no es Trump, sino su protección sin límites a López Obrador. Al tiempo.
OTRA VEZ un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos en favor de los migrantes, solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, su intervención para que la muerte de 40 migrantes y 27 heridos no quede en impunidad.
Solicitan que no se perpetúe el caso del 2023, cuando los encarcelados murieron en una celda a cargo del Francisco Garduño Yáñez, quien sigue fungiendo como titular del Instituto Nacional de Migración (INM).
En la carta fechada el 22 de enero, los firmantes recordaron que en el incendio en la Estancia Provisional del INM fallecieron 40 migrantes, 27 sobrevivieron con lesiones permanentes y 15 mujeres tienen afectaciones psicoemocionales, tras atestiguar cómo los agentes del INM y de seguridad privada se negaron a abrir las puertas de la estancia que se estaba incendiando.
Señalan que Garduño Yáñez “ha utilizado recursos públicos para cumplir con requisitos judiciales”, como acudir cada 15 días a firmar a un juzgado de Ciudad Juárez, los firmantes relataron que a ello se suman otras irregularidades como “la resolución apresurada de algunas causas penales, la clasificación, poco razonable del delito imputado y la restricción, en determinadas etapas judiciales, de la participación de la sociedad civil en la representación de las víctimas”.
Pide que no continúe en el cargo, pero los activistas, aunque creen en la presidenta, olvidan que el funcionario es amigo personal de López Obrador. Por lo tanto, es intocable y nada pasará.
