El país se apresta a la elección presidencial del 2024, en ella se presentará una cada vez más álgida confrontación, prácticamente en todos los terrenos, en todos los asuntos, en todos los espacios públicos; no habrá lugar, por los antecedentes más inmediatos, respeto al marco legal-electoral que había propiciado la celebración de contiendas presidenciales con márgenes muy grandes de certidumbre y credibilidad.
Y si eso ocurrió con las presidenciales, con las efectuadas en la última década en las entidades y municipios tales márgenes se dispararon a niveles no conocidos por las dos o tres generaciones anteriores.
Las contiendas electorales propiciaron la alternancia partidaria en casi todos los estados y en un porcentaje muy elevado en los municipios.
El respeto a las autoridades y las leyes electorales ya formaba parte de la «normalidad» electoral mexicana -por supuesto con altibajos-.
Hoy acudimos a un regreso al pasado, de cuando el presidente de la república actuaba como el jefe del partido y usaba su inmenso poder para preservarle a su partido el triunfo electoral y la preservación del poder en sus manos.
Tales fenómenos está hoy más que presentes -en medio de la tormenta que asola al partido gubernamental, MORENA (la que abordaremos el domingo)- en la actuación del presidente López Obrador y la aguda confrontación en Chihuahua, a propósito de la distribución de los libros de texto gratuito, a la que se opuso el gobierno de Maru Campos, por medio de la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
A esa determinación se ha conformado un movimiento opositor, que aparentemente puede convertirse en la más acuerpada y vasta movilización social en su contra, a la que se ha sumado una parte importante de la burocracia federal, en la que aparece destacadamente el delegado de los Programas del Bienestar, Juan Carlos Loera, lo que le ha imprimido, sin duda alguna, un inocultable tufo político-partidario, que se asemeja al imprimido por el partido gobernante en Chihuahua, el PAN, en la defensa de la postura del gobierno estatal.
Deberá precisarse que conocer el fondo y la razón -técnicos- de la controversia presentada por Maru Campos, y los argumentos de la contraparte, también evaluados desde la óptica estrictamente técnica, sólo lo podrían hacer los conocedores de la educación y quizá solamente después de haberle hecho, tanto a los planes de estudio, los programas educativos y a los libros de texto gratuito, la necesaria experimentación, «pilotaje» le llaman técnicamente a ello, para indagar si la aplicación, en concreto, de la «Nueva Escuela Mexicana» es la necesaria para el país y hacerle, como en todos los casos que se pone en vigor una reforma educativa, las necesarias adecuaciones.
Esa debió ser la ruta, pero, ni este momento «político», ni este sexenio ofrecen las mejores condiciones para que las encontradas posturas prevalecientes pudieran tener espacios comunes y dejar que los especialistas en educación fueran quienes marcaran el rumbo.
Y como era previsible, como en el último medio siglo, las posturas y agentes más reaccionarios de la sociedad mexicana se hicieron más notorios. Como siempre, pretenden retrotraernos a etapas, en materia educativa, por suerte ampliamente superadas y recurrieron, en muchísimos casos, a la mentira y el engaño.
Del otro lado, han centrado su postura en la defensa de la «educación pública» y los libros de texto gratuito, como si ambos conceptos estuviesen en riesgo de desaparecer.
No hay tal, por supuesto que hay segmentos reaccionarios que eso quisieran, pero la absoluta mayoría de quienes militan en los partidos contrarios al bloque gubernamental están muy lejanos de tales posturas; no, lo que está a discusión -por lo menos para el escribiente-, en el fondo, es la disputa político-electoral y que si ésta no estuviera presente, probablemente ya hubiesen encontrado maneras de afrontar tal problema.
Pero lo hipotético no existe en política, menos en este momento, por desgracia.
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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