Exactamente en un mes, el 3 de octubre para ser exactos, estaremos festejando un año de la implementación de la reforma laboral en el Estado de Chihuahua. 365 días, 52 semanas, 12 meses (ponerme a contabilizar los minutos y los segundos sí me parece un exceso, la verdad), se dicen —escriben— fácil, pero no, mucho trabajo, de un montón de gente, hay detrás.
Desde aquel lejano 2020 que el Lic. Pablo Héctor González tuvo la gentileza de invitarme a colaborar en el proyecto (más bien yo se lo pedí y él no se negó) hasta ese 3 de octubre de 2022, media un abismo que lo hemos sorteado con singular gracia. Quiero pensar que no estamos como el tipo del chiste aquél que, cuando estaba cayendo de un edificio de 60 pisos, allá por el 30 iba pensando: “hasta aquí vamos bien”; quiero creer que lo que sigue es bueno, rutilante, luminoso.
El reto es —porque no termina de concluir— enorme: no sólo trasladar la administración de justicia laboral al seno del Poder Judicial, sino hacer realidad la premisa sobre la cual descansa la reforma en su conjunto, a saber, transformar el sistema de raíz. No es, pues, o no solamente lo es, un asunto de ladrillos y dineros, es algo más. Es, diría don Manuel Gómez Morin, intentar “mover las almas”, porque sin la presencia, el ánimo, la inteligencia y la voluntad de miles de personas, dentro y fuera de las fronteras del Estado, no va a ser posible llevar la reforma a buen puerto. Es inhibir prácticas, propiciar entendimientos, crear consensos, inaugurar métodos, sacudir consciencias, generar empatía y no cejar en una labor de convencimiento. La reforma laboral no es constitucional, ni legal, ni reglamentaria, es cultural; es un afán permanente e indeclinable por modificar de forma sustancial la manera de ver, de percibir, de practicar, ¡de concebir!, el derecho laboral.
Para muchos, malamente, el derecho laboral era el “Patito Feo” del derecho. Alguno lo negará y dirá que no es cierto, que miento, pero otros, muchos, saben que digo la verdad. Años y años de experiencia en la administración pública (así como una maestría y un doctorado) fueron los que respaldaron mi decisión de hacerle aquella, en ese entonces insólita, petición al Lic. Pablo González, así como la íntima convicción de que era necesario enfocar de ese modo, pensándola como una transformación cultural más que jurídica, la reforma laboral. En esas estamos.
Cabe señalar que, sin el firme apoyo del Poder Ejecutivo, el acompañamiento permanente de la gobernadora Maru Capos, y la confianza y liderazgo indeclinables de la Magistrada Miriam Hernández, desde la Presidencia del Tribunal, esto habría resultado imposible.
En Chihuahua llegamos a la reforma tarde, muy tarde, pero no mal. Hoy en día, la selección de docenas de empleados —más de un centenar y medio (de jueces a oficiales notificadores)— bajo estrictos parámetros de transparencia, luego de un examen de méritos que se distinguió por su pulcritud y objetividad, da cuenta de la voluntad de cambio del Poder Judicial y del empeño de sus autoridades de ser cada día que pasa, mejores funcionarios, dignos servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua.
Como diría alguien versado en asuntos de temas políticos, en tratándose de la administración pública, “si no eres noticia es que las cosas van marchando bien”; confío en que así continuemos nuestra labor: paciente y calladamente. Haciendo lo que se debe de hacer, como se debe de hacer, cuando se debe de hacer. O parodiando la frase que dicen que dijo (aunque de verdad no dijo), don Quijote: “cabalgamos… sin ladridos ni rebuznos”.
Qué vengan los años que faltan, aquí estaremos, trabajando infatigables: conserjes, escribientes, secretarios y secretarias, personal administrativo, Presidencia, Secretaría General, Pleno, Consejo de la Judicatura, todos juntos, para brindarle al pueblo de Chihuahua un mejor tribunal. Un tribunal a su medida, grande, por donde se mire.
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