No debe escudarse en la autonomía para ocultar el correcto uso de los recursos públicos
Enfrenta la UACH señalamientos de irregularidades administrativas, exceso en gasto corriente y una deuda millonaria con Pensiones Civiles del Estado
Solicité a la Auditoría Superior del Estado practique a la brevedad una auditoría especial a la Universidad Autónoma de Chihuahua a fin de que la sociedad tenga la plena certeza en torno al correcto uso de los recursos públicos.
Es importante que la Máxima Casa de Estudios transparente su quehacer y se informe, por ejemplo, quiénes son los 50 docentes beneficiados con la asignación de tiempo completo en el lapso de julio a septiembre.
La Universidad Autónoma de Chihuahua debe someterse a la dinámica de transparencia y rendición de cuentas que la ley exige y que informe no sólo cómo fue el proceso de asignación de los tiempos completos, sino quiénes fueron los beneficiados.
Solicité dicha información por medio de un oficio, a sabiendas de que son cientos los maestros que esperan la oportunidad de contar con un espacio de tiempo completo, por lo que considero que los procesos de asignación deben darse de una manera totalmente abierta y transparente.
La solicitud fue respondida sólo con el proceso técnico y jurídico con el que se asignan los tiempos completos o medios tiempos a maestros universitarios, «pero lo sustancial es conocer los nombres y apellidos de los beneficiarios de esa medida como un ejercicio de transparencia».
«No sabemos por qué ocultar los nombres de los maestros que obtuvieron una plaza que les brindará mayores beneficios, eso es bueno y estamos a favor de que todos puedan escalar posiciones en sus centros de trabajo, pero en lo que estamos en contra es en que se oculte el proceso y los nombres de quienes ganaron la posición».
Además, que son múltiples los señalamientos que le han hecho llegar en materia de irregularidades administrativas, exceso en temas de gasto corriente y además la deuda millonaria que la máxima casa de estudios tiene con Pensiones Civiles del Estado, por lo que se hace necesaria la intervención de la Auditoría Superior del Estado en una revisión a fondo que dictamine la legalidad del uso de los recursos y atribuciones de la Universidad.
Analista político y legislador.
