*Graciela Ortiz y el presente entorno político-electoral.
El sábado 20 de marzo, ante el Instituto Estatal Electoral, la licenciada Graciela Ortiz González se registró como candidata del PRI al gobierno del Estado de Chihuahua. La licenciada Ortiz es la primera mujer priista que obtiene la candidatura al gobierno de Chihuahua, y le corresponde hacerlo en una etapa en la cual el PRI se propone recuperar la posición y los espacios perdidos. También le toca ser candidata en medio de las presentes circunstancias de insatisfacción que se generan en importantes sectores de la población respecto al desempeño de los gobiernos federal y estatal, encabezados, respectivamente, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador Javier Corral Jurado.
Es evidente que el desgaste sufrido por el presidente López Obrador, en su desempeño al frente de la Presidencia de la República, así como el deterioro que registra Javier Corral, en su calidad de gobernador de Chihuahua, constituyen factores que incidirán, de un modo u otro, en el resultado electoral del año en curso. Además, no puede pasar desapercibido el hecho de que el tricolor continúa contando con una amplia base de militantes y simpatizantes, que durante años cultivó, lo cual, al momento de la votación podría significar la diferencia entre los resultados obtenidos por algunas de las y los candidatos del PRI, y algunos de los aspirantes de otros partidos.
Sin ambages, Graciela Ortiz ha sido clara y directa al afirmar “basta ya de gobiernos ineficaces y corruptos, basta de frivolidades, opacidad y abuso de poder en el desempeño de la función pública”, asimismo, ha expresado que “se requiere un cambio urgente, un golpe de timón”. Con sus posturas, la candidata tricolor, sin duda, está señalando los hierros que han cometido los actuales gobiernos de partidos distintos al suyo, pero también, en forma sensata, ha sido autocrítica respecto a su propio instituto político, al reconocer que “a los priistas se les señala por la ambición de unos cuantos que abusaron en su paso por la administración pública y que actuaron como si administrar un gobierno fuera administrar un negocio personal”.
La moneda electoral está en el aire, y el resultado de los comicios tal vez genere sorpresas. Existen en el ambiente político fuertes tensiones, derivadas de una diversidad de causas. La relación entre los gobiernos Federal y del Estado de Chihuahua, no ha sido la mejor. Además, no son pocas las acciones emprendidas por la administración del presidente López Obrador, que han sido fuertemente criticadas dentro y fuera de México. También, durante los recientes años, algunos de los principales servidores públicos de Chihuahua, y del país, han demostrado, a través de su conducta, el desapego respecto a la diplomacia y el cuidado de las formas, con el consecuente perjuicio del ejercicio de la política, y de la percepción que muchos ciudadanos tienen respecto a la actuación de los políticos.
Otro aspecto, a considerar, consiste en los señalamientos bajo los cuales han comenzado sus respectivas campañas la candidata del PAN, María Eugenia Campos Galván, y el candidato de MORENA, Juan Carlos Loera de la Rosa. La primera lleva a cuestas una acusación por la supuesta recepción ilícita de fuertes sumas de dinero, el cual habría recibido cuando se desempeñó como diputada local; incluso, actualmente enfrenta un proceso penal en el que su principal rival y acusador, paradójicamente, es su correligionario de partido, el gobernador Javier Corral, quien mediante la administración estatal ha activado el proceso judicial contra la aspirante panista. Por su parte, Loera es criticado por su apoyo dado durante el año 2020 al gobierno de la República, en la extracción y envío a Estados Unidos, de considerables volúmenes agua de las principales presas del estado, lo que las dejó semivacías provocando enorme inconformidad en los agricultores de la región centro-sur de la entidad, quienes hoy ven en riesgo sus cosechas ante la escasez del preciado líquido.
