El gobierno morenista parece olvidar que Ciudad Juárez y Guadalupe y Calvo, gobernados por la 4T, continúan concentrando buena parte de la problemática estatal en homicidios
Conforme se acerca 2027 comienza a instalarse en Chihuahua una curiosa modalidad de estadística política que, por lo visto, tiene reglas diferentes según el color del gobierno que se pretenda evaluar. Morena y la 4T, desde distintas voces y trincheras, han encontrado en la inseguridad uno de sus principales argumentos para atacar al gobierno de Maru Campos y, dentro de esa narrativa, personajes como Andrea Chávez, Ariadna Montiel y Cruz Pérez Cuéllar insisten en presentar a Chihuahua como ejemplo del fracaso en materia de seguridad, apoyándose particularmente en un dato que, aislado de cualquier contexto, ciertamente impresiona, Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en homicidios dolosos.
El dato es correcto, lo interesante comienza cuando preguntamos qué significa exactamente, cómo se construyó y, sobre todo, qué otras cifras igualmente oficiales se están dejando prudentemente fuera de la conversación.
El informe presentado por el propio Gobierno federal el pasado 8 de septiembre establece que entre enero y agosto de 2026 Guanajuato acumuló 983 víctimas de homicidio doloso, Baja California 970 y Chihuahua 924, de manera que nuestra entidad representa aproximadamente ocho por ciento del total nacional y efectivamente ocupa el tercer lugar en números absolutos.
Hasta ahí todo bien y, si la intención es elaborar un espectacular, un tuit o una arenga electoral, incluso podríamos detenernos inmediatamente; el problema surge cuando pretendemos hacer algo bastante menos emocionante, pero mucho más útil, analizar estadísticamente la violencia. El mismo informe federal reconoce que Chihuahua redujo 24.1 por ciento su promedio diario de homicidios respecto del mismo periodo de 2025, mientras que 30 de las 32 entidades presentan disminuciones. Es decir, la misma lámina que sirve para acusar contiene también el dato que relativiza considerablemente la acusación.
Aquí conviene recordar algo que quizá resulte decepcionante para quienes prefieren que la estadística se comporte como propaganda: comparar entidades únicamente por cantidades absolutas tiene serias limitaciones. Por eso, internacionalmente se utiliza la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, porque permite ponderar el número de víctimas respecto del tamaño de la población.
No es lo mismo registrar 500 homicidios entre cinco millones de habitantes que registrar esos mismos 500 entre un millón, aunque en ambos casos una tabla de números absolutos diga exactamente “500”. Bajo ese criterio proporcional, Chihuahua no ocupa el primer lugar nacional ni tampoco el tercero, sino que se encuentra aproximadamente en el quinto sitio, detrás de entidades como Colima, Morelos, Sinaloa y Baja California. Sigue siendo una posición de alerta, ciertamente incómoda y que exige más trabajo, pero bastante diferente de la imagen de un Chihuahua convertido súbitamente en epicentro indiscutible de la violencia nacional como la ha pretendido establecer la senadora Andrea Chávez en sus múltiples videos de política-influencer.
La cosa se pone todavía más interesante cuando en lugar de preguntarnos exclusivamente qué lugar ocupa Chihuahua frente a los demás estados preguntamos cómo está Chihuahua frente al propio Chihuahua de hace cinco años. Entre enero y agosto de 2021 nuestra entidad acumuló alrededor de 1,701 víctimas de homicidio doloso; en exactamente el mismo periodo de 2026 registra 924. La diferencia es de 777 víctimas menos, equivalente a una disminución aproximada de 45.7 por ciento en términos absolutos y cercana a la mitad cuando incorporamos el crecimiento poblacional.
No estamos hablando de una encuesta contratada por el Gobierno estatal, ni de una medición elaborada en algún oscuro laboratorio panista, sino de cifras construidas a partir de la información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisamente la institución cuyas estadísticas utiliza Morena cuando el resultado le resulta políticamente favorable y lo presume.
La ironía alcanza niveles verdaderamente memorables cuando la interpretación se compara con el discurso nacional de la propia 4T, porque mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum acaba de presumir que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 40.8 en agosto de 2026, una reducción de 53 por ciento que la Federación presenta, razonablemente, como un resultado histórico. Además, la tasa nacional anualizada habría disminuido de 25.4 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2024 a 12.9 en 2026, una reducción de 49 por ciento. Resulta difícil objetar que una caída de semejante magnitud constituye una buena noticia y sería mezquino negarlo simplemente porque gobierna Morena, el problema es explicar por qué exactamente la misma lógica deja de funcionar cuando llegamos a Chihuahua.
Porque si reducir aproximadamente a la mitad los homicidios, constituye prueba de eficacia para Claudia Sheinbaum, habría que explicar mediante qué sofisticado algoritmo partidista una reducción cercana a la mitad demuestra fracaso cuando ocurre en un estado gobernado por el PAN. Tal vez en algún escritorio de Morena exista ya la tabla correspondiente, menos 53 por ciento federal equivale a transformación histórica, mientras menos 46 por ciento chihuahuense significa desastre de seguridad. Si así fuera, sería conveniente publicarla para conocimiento del INEGI, del SESNSP y de los organismos internacionales, porque hasta ahora las matemáticas conservan la desagradable manía de no preguntar por afiliación partidista antes de resolver una división.
Y ahí se encuentra probablemente el verdadero pecado estadístico de Chihuahua, no lo gobierna Morena. Si esas mismas cifras correspondieran a una entidad gobernada por la 4T, difícilmente cuesta imaginar el tratamiento discursivo que recibirían, habría gráficas descendentes, conferencias de prensa, comparativos históricos y porcentajes gigantes anunciando que los homicidios se redujeron casi a la mitad.
Pero como se trata de Chihuahua, parece más rentable guardar la gráfica, esconder la tendencia y sacar del cajón únicamente el ranking absoluto. Nada nuevo bajo el sol político mexicano, salvo que en este caso la contradicción resulta especialmente evidente porque los mismos datos utilizados para descalificar al Gobierno estatal contribuyen al resultado nacional que presume Palacio Nacional.
Por otro lado, el gobierno morenista parece olvidar que Ciudad Juárez y Guadalupe y Calvo continúan concentrando buena parte de la problemática estatal en homicidios, más de la mitad de todo el estado, ambos municipios gobernados por la 4T.
Existen indicadores recientes que merecen consideración, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó que durante los primeros cinco años de la actual administración se acumulan 2,145 homicidios menos que durante el periodo comparable anterior, equivalente a una disminución de 18 por ciento; además, agosto cerró con una reducción mensual de 32 por ciento y 52 de los 67 municipios no registraron víctimas de homicidio durante ese mes. Son cifras provenientes del Gobierno estatal y, por tanto, deben ser contrastadas y sometidas al mismo escrutinio que cualquier información oficial, pero no pueden simplemente desaparecer del análisis porque incomoden una narrativa electoral. Mucho menos cuando la tendencia descendente de 2026 también aparece en las cifras federales.
Existe además una peculiaridad que debería interesarle especialmente a Cruz Pérez Cuéllar cuando participa de la crítica generalizada contra la inseguridad estatal, incluso politizando un tema tan delicado como la seguridad, Ciudad Juárez forma parte de Chihuahua y durante buena parte del periodo analizado fue gobernada precisamente por Morena bajo su administración.
Si los resultados estatales son absolutamente desastrosos, como afirma él y otros liderazgos guindas, entonces habrá que determinar qué proporción corresponde al municipio más poblado del estado y qué responsabilidad corresponde a cada nivel de gobierno.
La seguridad pública es concurrente y participan municipios, Estado, Federación, Guardia Nacional, Ejército, fiscalías e instituciones de inteligencia; pretender que todos los homicidios de Chihuahua pertenecen políticamente al Gobierno estatal mientras las reducciones nacionales pertenecen exclusivamente a Palacio Nacional, requiere una gimnasia argumentativa considerable, por decirlo elegantemente.
Ése es quizá el punto que Morena, la 4T y sus principales figuras en Chihuahua deberían considerar antes de seguir exprimiendo el tercer lugar nacional como si fuera una fotografía completa de nuestra realidad. Los resultados nacionales no ocurren en un territorio abstracto administrado desde la Ciudad de México; son la suma de lo que sucede en las 32 entidades. Descalificar sistemáticamente los avances locales termina, por una curiosa carambola política, descalificando una porción del propio resultado federal.
Desde Chihuahua tenemos que exigir algo bastante sencillo: que se mida con la misma vara, si los homicidios aumentan, señalémoslo sin contemplaciones; si disminuyen, reconozcámoslo sin importar quién gobierne; si ocupamos el tercer lugar absoluto, digámoslo, pero acompañándolo de la tasa poblacional, de la tendencia histórica y de la variación porcentual. Sólo así tendremos una fotografía razonablemente completa y podremos discutir qué está funcionando, qué sigue fallando y dónde deben concentrarse los esfuerzos públicos.
Morena tiene todo el derecho de convertir la seguridad en tema central de su estrategia para conquistar Chihuahua en 2027 y Andrea Chávez, Ariadna Montiel, Cruz Pérez Cuéllar y cualquier dirigente de la 4T tienen igualmente derecho a cuestionar al Gobierno estatal con toda la severidad que consideren necesaria. Lo único que deben evitar es mentir, manipular las cifras objetivas a su conveniencia y menos partidizar un tema tan sensible como lo es la seguridad pública.
Porque al final la discusión no es si Chihuahua está bien, claramente aún no lo está, pero va por buen camino, hay avances importantes que no se vale minimizar o descalificar. La discusión es si está mejor o peor que hace cinco años y, en materia de homicidio doloso, los números indican una disminución muy importante, o sea, que está mejor.La política admite interpretaciones, discursos, exageraciones y hasta alguna que otra maroma, la aritmética suele ser bastante menos comprensiva, quizá por eso, rumbo a 2027, el adversario más incómodo para la narrativa de Morena en Chihuahua no sea el PAN ni Maru Campos, sino un objeto mucho más pequeño, silencioso e incorruptible, una calculadora que, para desgracia de todos los partidos, todavía no sabe distinguir entre gobiernos de la 4T y gobiernos de oposición. Dos más dos, siempre serán cuatro, siempre.
