Ataca al ‘turismo de parto’ y niega el derecho a los hijos de ciertos extranjeros
Staff/El Diario de El Paso
El presidente Donald Trump firmó el jueves dos nuevas órdenes ejecutivas con las que busca restringir la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos, luego de que la Corte Suprema rechazara en junio su primer intento de reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución.
La primera orden establece que los hijos nacidos en territorio estadounidense de «enemigos extranjeros», miembros de organizaciones terroristas foráneas o cabilderos extranjeros no tendrían derecho a la ciudadanía. La segunda orden apunta directamente al llamado turismo de parto: determina que los hijos de personas que solicitan de manera fraudulenta visas de turista con el propósito de dar a luz en Estados Unidos tampoco serían considerados ciudadanos.
Se trata del segundo intento de la administración Trump por limitar unilateralmente el derecho a la ciudadanía por nacimiento, después de que la Corte Suprema anulara en junio su orden ejecutiva original —firmada el primer día de su segundo mandato— y ratificara que la Enmienda 14 otorga la ciudadanía a prácticamente cualquier persona nacida en suelo estadounidense, incluidos los hijos de inmigrantes indocumentados.
Desde la Oficina Oval, Trump calificó la resolución de la Corte como una decisión «muy injusta» y aseguró que el país «sufre» por ella, por lo que optó por intentar revertirla «de otra manera».
A diferencia de la orden original —que buscaba negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados y de extranjeros con visas temporales de trabajo, estudio o turismo, una población estimada en más de 150,000 personas al año—, las nuevas disposiciones afectarían a un grupo considerablemente menor.
Se calcula que unos 15 millones de inmigrantes indocumentados viven actualmente en Estados Unidos, mientras que solo unos cuantos miles de personas están registradas como cabilderos extranjeros ante el Departamento de Justicia. Además, no existen poblaciones significativas de residentes estadounidenses catalogados oficialmente como «enemigos extranjeros» o terroristas foráneos, por lo que esa disposición tendría, en la práctica, un alcance mayormente simbólico. La administración enfrenta litigios en curso sobre si puede deportar a presuntos pandilleros bajo la figura de «enemigos extranjeros».
La segunda orden se sustenta en la autoridad presidencial establecida por la Ley de Inmigración y Nacionalidad para regular los viajes internacionales, explicó Stephen Miller, subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, durante la firma. Miller argumentó que quienes ingresan al país fingiendo ser turistas —diciendo que planean visitar Disneylandia o un parque nacional— en realidad buscan tener un hijo que obtenga la ciudadanía automáticamente antes de abandonar el país, lo cual, sostuvo, constituye un fraude migratorio que invalidaría la visa.
No existen datos oficiales sobre el llamado turismo de parto. Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) analizadas por el Instituto de Política Migratoria (Migration Policy Institute), en 2024 nacieron en Estados Unidos menos de 10,000 bebés de personas con domicilio en el extranjero, de un total de 3.6 millones de nacimientos registrados ese año.
Antecedente: la derrota en Corte Suprema
La ofensiva legal de Trump contra la ciudadanía por nacimiento había sufrido un revés contundente en junio, cuando una Corte Suprema dividida confirmó, en uno de los fallos más observados del periodo, que la Enmienda 14 —ratificada en 1868— protege la ciudadanía de prácticamente todas las personas nacidas en suelo estadounidense, con excepciones limitadas para los hijos de diplomáticos.
En la opinión mayoritaria, respaldada 5 votos contra 4, el presidente de la Corte, John G. Roberts Jr., escribió que los redactores de la enmienda buscaron extender la ciudadanía a todo «free-born person» —persona nacida libre— en el país. El fallo representó un golpe político significativo para Trump, quien había asistido en abril a los argumentos orales ante la Corte, convirtiéndose en el primer presidente en funciones en hacerlo.
Antes de esa decisión, dos coaliciones de estados gobernados por demócratas y varias organizaciones de derechos de inmigrantes habían presentado más de media docena de demandas contra la administración, lo que llevó a distintos tribunales federales a suspender temporalmente la implementación de la prohibición.
Expertos anticipan otro tropiezo legal
Especialistas en derecho migratorio consultados por el medio original de esta información consideran que las nuevas órdenes enfrentarán el mismo destino que la anterior. Amanda Frost, profesora de derecho migratorio en la Universidad de Virginia, sostuvo que buena parte de las disposiciones resulta inconstitucional y contraria a lo resuelto por la Corte Suprema, incluso en los casos de personas que ingresaron al país violando las leyes migratorias.
David Bier, especialista en migración del Cato Institute, coincidió en que la Casa Blanca no puede argumentar de forma sólida que los inmigrantes indocumentados —a quienes la administración pretende designar como «enemigos» del país— no están sujetos a la jurisdicción del gobierno estadounidense. Bier recordó que ninguno de los jueces, incluidos los de tendencia conservadora, avaló durante el litigio previo la tesis de que la inmigración ilegal constituye una «invasión». A su juicio, la nueva ofensiva sobre el turismo de parto choca abiertamente con lo ya resuelto por la Corte y previsiblemente correrá la misma suerte que la orden original.
