Todos somos usuarios o consumidores finales de obras artísticas por las que, en algún momento desde su creación hasta su difusión, hemos pagado la merecida retribución monetaria a sus autores
Todos somos usuarios o consumidores finales de obras artísticas por las que, en algún momento desde su creación hasta su difusión, hemos pagado la merecida retribución monetaria a sus autores, una película, una obra de teatro, una pintura, un libro o una melodía, y nadie podría estar en contra de hacerlo, porque se trata de reconocer mediante el pago respectivo el talento del autor y no hay nada más justo que eso.
Sin embargo, como cualquier otra compra o adquisición, una vez pagado el importe, cada uno podemos disfrutar de la obra adquirida tantas veces como deseemos, no porque sea de nuestra propiedad, sino porque el pago realizado me permite disfrutarla cada que lo deseemos. Así funciona el tema de los derechos de autor.
Derechos que están amparados en la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA), publicada en 1996, misma que reformó la de 1956 en algunos artículos, dicha Ley regula la protección de las obras literarias, musicales, artísticas, dramáticas, científicas y técnicas. Establece los derechos morales (reconocimiento, integridad de la obra, paternidad) y los derechos patrimoniales (reproducción, distribución, comunicación pública, transformación).
El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos de autor como parte de la propiedad intelectual, así como en diversos tratados internacionales que México ha suscrito y que, por tanto, son parte de este marco jurídico.
Así pues, el autor de una obra musical puede reclamar los derechos sobre la misma, hablamos de regalías económicas, a quien la utilice con fines de lucro, es decir, a quien obtenga un rendimiento monetario por el uso o distribución de dicho material artístico, porque quien ya pagó por un CD o archivo digital que contenga la obra y la utiliza para su uso personal no tiene por qué volver a realizar ningún pago por eso.
Seguramente, le ha ocurrido que al intentar una publicación en Facebook, YouTube o cualquier otra red social, esta se ve limitada o de plano eliminada por los derechos de autor, es decir, hay toda una estructura que monitorea el uso de dichas obras musicales, y que impide su uso indebido, aunque aun no me queda claro, en el ejemplo de compartirlas en redes sociales, la razón del bloqueo ya que no se hace con fines de lucro ni mucho menos, y al final de cuentas les da mayor difusión, pero bueno, en fin, así están las cosas con los derechos de autor.
Sirva todo lo anterior como introducción para el tema de esta colaboración, las muy extrañas intervenciones que ha realizado en nuestra ciudad el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), comandado por Santiago Nieto, que ya desde el nombre llama a dudas sobre sus intervenciones en hoteles y restaurantes de la localidad.
Personal del IMPI, de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y elementos policiacos, se presentaron en diversos establecimientos de la ciudad, tales como hoteles y restaurantes, para ejercer una diligencia que no quedó muy clara, pretendían hacer revisiones físicas para cancelar o bloquear televisiones, equipos de sonido y dispositivos que reproducen música, bajo el argumento de que no estaban pagando los derechos de autor.
Evidentemente este raro e inusitado operativo ocasionó una gran inconformidad entre los afectados, quienes se manifestaron en contra y por supuesto buscaron opciones de defensa ante lo que consideraron un acto abusivo y fuera de orden, la mayoría de ellos agremiados a Canaco, acudieron en busca de apoyo y orientación.
En la nota “Pide Canaco ayuda a presidenta para detener intimidaciones del IMPI”, publicada en este medio (https://tinyurl.com/ypvzkvml), se da cuenta de la protesta e inconformidad del comercio organizado juarense: “Iván Pérez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Juárez, hizo un llamado urgente a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que con la sensibilidad empresarial que la ha caracterizado, detenga la serie de operativos intimidatorios, y sin sustento legal de fondo, llevados a cabo en esta ciudad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y operadores.”
“Lo anterior bajo la dirección de representantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) y de los cuales ya han sido debidamente enterados el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, y el del mismo IMPI, Santiago Nieto Castillo.”
“Estos operativos realizados por parte del IMPI a solicitud de la SACM se han convertido en instrumento utilizado por esta sociedad de autores y compositores para intimidar y amenazar a empresarios formales de Juárez, de todos los giros y tamaños, que sostienen empleos, inversión y desarrollo en nuestra región”, asegura Pérez.
“Agrega que personal de la SACM acude a los comercios formales para informarles que por transmitir en sus pantallas, bocinas o cualquier otro medio de reproducción canciones que ellos “presuntamente” tienen bajo su cuidado, deben pagar montos que varían arbitrariamente entre 5 mil y hasta más de 120 mil pesos, como pago de derechos de autor, so pena de que les inicien procedimientos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.” Fin de la cita textual.
Exactamente así es como están “operando” estas diligencias con el visto bueno de la autoridad (IMPI) y cuerpos policiacos que se prestan a estas sospechosas maniobras, afectando de manera importante el turismo y el comercio de la ciudad, con todo lo que eso implica.
El pasado viernes, en una entrevista para la cadena radiofónica 860 Líder Informativo, el propietario de los hoteles María Bonita, Rogelio Ramos dio una muy amplia explicación sobre el tema, destacando la incompetencia del IMPI para realizar este tipo de operativos, ya que debería ser el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) que es la instancia que en primer lugar tiene las facultades legales para tales actos.
Por otro lado, el empresario hotelero señala la forma en que llegaron a su negocio exigiendo una revisión de todos los cuartos, lo que implicaba de lleno una violación inadmisible a la privacidad de sus huéspedes, además de que quien solicitaba el pago para terminar con la inspección, inició con un monto de 120 mil pesos, luego lo bajo a 100 mil para terminar en 70 mil pesos, es decir, sin un documento legal que establezca adecuadamente la tarifa a pagar. Exactamente como operan los extorsionadores del crimen organizado, señaló Ramos.
En la entrevista radiofónica, Rogelio Ramos también hizo hincapié en que el cobro que pretenden los de la SACM resulta una doble o triple tributación, porque si en el lugar se utilizan aplicaciones como Spotify o YouTube, para ambientar musicalmente los lugares, estas plataformas ya pagaron las licencias respectivas, por lo tanto, el usuario de las plataformas las puede utilizar sin problema alguno.
Este es el segundo intento de la SACM y del IMPI por realizar este tipo de cobros en esta frontera, por lo que tanto el presidente de la Canaco Juárez, Iván Pérez como Rogelio Ramos y otros empresarios y comerciantes juarenses, fueron a la Ciudad de México y se entrevistaron personalmente con el titular del instituto, Santiago Nieto, a quien le hicieron saber de viva voz sus inconformidades y le expresaron que acudirían a todas las instancias jurídicas en su defensa, por lo que no descarta una especie de venganza en los operativos recientes.
El caso es que la actuación de la autoridad, en este caso el IMPI, deja mucho que desear, porque no está claro ni las facultades que pueda o no tener para realizar este tipo de operativos, ni tampoco sustentan adecuadamente sus exigencias, por lo que los empresarios hoteleros y restauranteros de Juárez ya preparan una estrategia jurídica de defensa que, dicen, harán valer en la o las instancias correspondientes.
Es muy lamentable que se afecte la actividad comercial y turística de nuestra ciudad desde una instancia del gobierno federal, sobre todo cuando no está del todo claro el propósito y las causas de tal intervención, ojalá que la Secretaría de Economía de la que depende el IMPI, tome cartas en el asunto y se ponga un alto a este tipo de arbitrariedades.
