En Chihuahua, hablar hoy de la elección a la gubernatura de 2027 como un proceso abierto y competitivo empieza a ser, cuando menos, ingenuo
En Chihuahua, hablar hoy de la elección a la gubernatura de 2027 como un proceso abierto y competitivo empieza a ser, cuando menos, ingenuo. La disputa real no está ocurriendo en las calles, ni en los partidos, ni siquiera en los nombres de los aspirantes. Se está librando en un plano más profundo y peligroso: el rediseño del sistema electoral desde el poder central, con efectos directos y particularmente graves para un estado históricamente plural y para una frontera como Ciudad Juárez, donde el peso demográfico decide gobiernos.
Morena no ha logrado convertirse en mayoría social en Chihuahua. No lo fue en 2016, no lo fue en 2021 y no lo ha sido plenamente en los procesos intermedios. Su avance electoral no se explica por un consenso ciudadano amplio, sino por una combinación de factores que hoy se alinean a su favor: la concentración del padrón en Ciudad Juárez, el uso político de los programas sociales federales, la fragmentación patológica de la oposición y, ahora, la intención de modificar las reglas electorales para consolidar una ventaja estructural.
En Chihuahua, la elección de gobernador de 2027 no se está jugando todavía en las urnas ni en las campañas. Se está definiendo antes, en la arquitectura institucional y en el rediseño de las reglas electorales impulsado desde el poder federal. Para un estado históricamente competitivo y para una frontera políticamente compleja como Ciudad Juárez, este no es un asunto técnico: es una alerta democrática.
Morena no es hegemónico en Chihuahua por convicción mayoritaria, sino por combinación de factores: el peso electoral de Ciudad Juárez, la fragmentación crónica de la oposición y la fuerza política y presupuestal del gobierno federal. Ese equilibrio, todavía inestable, puede romperse definitivamente si la reforma electoral en puerta se aprueba sin contrapesos reales.
Es innegable que se trata de un partido político, o movimiento como les gusta definirse, que ha logrado un importante crecimiento en la preferencia electoral de los chihuahuenses, pero aún muy lejos de consolidar una verdadera fuerza social más que política, que le alcance para obtener la gubernatura del estado, o la mayoría en el congreso local.
Ciudad Juárez no es un municipio más, no es solo un conjunto de secciones electorales. Concentra cerca del 40 por ciento del padrón electoral del estado. Ganar Juárez no garantiza automáticamente la gubernatura, pero perderlo por amplio margen sí la condena.
Morena entiende eso perfectamente y ha convertido a Juárez en el corazón de su estrategia: control territorial, narrativa de abandono histórico y una relación directa con el poder federal que reduce al mínimo la autonomía política local, y ese es un trabajo que ha realizado el actual presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar desde hace casi 5 años, lo que lo convierte de facto en fuerte aspirante a la candidatura.
La capital del estado, Chihuahua, representa alrededor del 18 por ciento del padrón. Es uno de los últimos bastiones urbanos sólidos de la oposición, particularmente del PAN. Pero la aritmética electoral es implacable: aun con una victoria clara en la capital, la oposición no puede compensar una derrota contundente en Juárez si no logra articular una coalición amplia y funcional en el resto del estado.
Hoy, la buena gestión e imagen de Marco Bonilla, alcalde capitalino lo tiene con la candidatura casi en el bolsillo, sin embargo, ese efecto se limita actualmente al centro-sur del estado, por lo que tendría frente a sí un enorme reto a lograr en muy poco tiempo: posicionarse mejor en el norte y noroeste de Chihuahua.
Ese es el escenario que hoy por hoy favorece a Morena, según la mayoría de las encuestas serias. Con PAN, PRI y Movimiento Ciudadano compitiendo por separado, o francamente divididos, el partido gobernante no necesita convencer a la mayoría de los chihuahuenses; le basta con administrar la división de sus adversarios. Ganar con pluralidad simple, sin mandato amplio, pero con control total del poder, es suficiente.
Sin embargo, es preciso recordar que, en 2021, la actual gobernadora Maru Campos inició su campaña a la gubernatura más de 20 puntos abajo en las preferencias electorales de la mayoría de las casas encuestadoras, y conforme fue avanzando la campaña ese margen se redujo hasta que logró invertirlo en su favor y obtener un triunfo claro sobre Juan Carlos Loera con más de 670 mil votos contra los 445 mil que obtuvo el morenista, es decir una ventaja de más de 227 mil votos a nivel estatal.
En la capital del estado, Maru obtuvo 233 mil votos por 95 mil de Loera, es decir una ventaja de 138 mil votos, mientras que, en Ciudad Juárez, la panista alcanzó 150 mil sufragios contra 221 mil del morenista, es decir una diferencia de 71 mil votos, si analizamos las diferencias entre uno y otro en ambas ciudades, Maru duplicó en la capital la de Loera en Juárez, y esa podría ser de nuevo la estrategia para 2027.
Las coaliciones parciales no alteran sustancialmente el panorama. Una alianza PAN–PRI carga con el desprestigio acumulado de décadas y de los procesos recientes, también enfrenta un voto priista que ya no es disciplinado ni transferible. Una alianza PAN–Movimiento Ciudadano ofrece un discurso de renovación, pero carece de estructura territorial real en municipios medianos y zonas rurales, donde Morena ha avanzado sin resistencia efectiva y no se puede pretender ganar una gubernatura estatal sin estructura territorial.
La única coalición con capacidad aritmética real para competir contra Morena sería una alianza PAN–PRI–MC. Pero esa alianza no sólo es políticamente improbable; es estructuralmente frágil. Requiere acuerdos que los partidos no han demostrado estar dispuestos a sostener y un candidato con legitimidad suficiente para contener egos, intereses y sabotajes internos, nada que no se pueda trabajar y lograr. Hoy, ese perfil podría ser Marco Bonilla.
Es en este contexto de debilidad opositora donde la reforma electoral impulsada por Morena adquiere un cariz abiertamente preocupante. No se trata de mejorar la democracia ni de corregir excesos. Se trata de reducir contrapesos, debilitar al árbitro electoral y cerrar los márgenes de competencia en estados donde la hegemonía aún no está asegurada. Chihuahua, por ejemplo.
Debilitar a los organismos electorales, disminuir la representación proporcional, desaparecer la Oples o restringir el financiamiento de los partidos opositores no es un ajuste técnico: es una intervención directa en la voluntad popular. En Chihuahua, donde las elecciones se deciden por márgenes relativamente estrechos, modificar las reglas equivale a decidir al ganador antes de que se emita un solo voto.
Morena insiste en presentarse como heredero de una lucha histórica contra el fraude electoral. Sin embargo, en los hechos, actúa como todas las fuerzas que transitan del movimiento al régimen: captura instituciones, deslegitima a los árbitros y convierte cualquier crítica en traición o conspiración. En Ciudad Juárez, esta lógica ya es visible: el poder local se subordina al centro y la competencia se reduce.
Si la reforma electoral avanza en los términos planteados, la elección de 2027 corre el riesgo de convertirse en un trámite administrativo. No porque no haya urnas, sino porque las condiciones de competencia habrán sido previamente anuladas. La alternancia dejaría de ser una posibilidad real y pasaría a ser una excepción estadística.
La responsabilidad no es exclusiva de Morena. Una oposición fragmentada, sin proyecto común y más preocupada por cuotas que por reglas, ha sido incapaz de construir una defensa efectiva del sistema electoral. En Chihuahua, esa irresponsabilidad puede costar no sólo una elección, sino la viabilidad futura de la competencia política.
Chihuahua y Ciudad Juárez han sido territorios de contraste, de disputa y de alternancia. Convertirlos en piezas administradas desde el centro implicaría un retroceso democrático que no puede minimizarse. La pregunta que debería ocupar hoy a la clase política local y a la sociedad en general no es quién será candidato, sino si en 2027 aún existirá una elección auténtica.
Porque cuando el poder cambia las reglas para asegurarse la victoria, lo que está en juego no es una gubernatura, ni una presidencia, lo que está en juego verdaderamente es la democracia misma, es decir, las libertades, el Estado de Derecho y el bienestar real de los ciudadanos, eso es lo que está en juego.
