Ante inmensidad de la tragedia de Acapulco, que a pasos agigantados nos vamos percatando de su magnitud, deberemos hacer espacio para algunos de los otros temas relevantes de la sociedad mexicana.
A ella regresaremos el domingo.
Entre el resto de los temas ocupa lugar central el diferendo entre el presidente López Obrador y el Poder Judicial de la Federación (PJF), porque no se trata solamente de una controversia, sino porque las consecuencias, si se concretara la extinción de los fideicomisos del PJF y se modificase la forma de designación de los ministros y jueces, como lo pretende el presidente serán de largo aliento.
Además, como muy pertinentemente detectaron los trabajadores del PJF, en el presente conflicto van implícitas dos cuestiones, una, la de la agresión a los derechos de ellos mismos y, por otra parte, la poderosa ofensiva presidencial contra la división de poderes y la pretensión de vulnerar la autonomía del Poder Judicial.
Y es precisamente una de las funciones cardinales del PJF, la de revisar la legalidad de los actos de los otros poderes la que, ejerciéndolo, le ha dado un primer revés a la pretensión presidencial.
El juez décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Luévano, otorgó la suspensión provisional (otorgó el amparo 2341/2023 de la justicia federal), tramitado por la magistrada María del Carmen Cordero Martínez, para que los fondos de los fideicomisos no puedan ser transferidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesorería de la Federación (Tesofe) de manera inmediata, como lo ordena el decreto publicado por el titular del Poder Ejecutivo, derivado de la aprobación efectuada por el Congreso de la Unión.
Debe anotarse que este fue el primer amparo otorgado, de los cientos que fueron solicitados por los trabajadores del PJF y que debió prender las luces de alerta en Palacio Nacional pues uno de los jueces de distrito, otra vez con un tema más que controversial, está ubicado en Chihuahua, luego de los otros amparos tramitados sobre los libros de texto gratuitos.
El amparo fue otorgado el mismo día en que el presidente López Obrador lanzó la propuesta al PJF de que los recursos de los fideicomisos se destinaran al rescate de Acapulco.
«Les propongo a los integrantes del Poder Judicial un acuerdo: Que se destinen los 15 mil millones de pesos a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que les llegue a la gente. No les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores».
Llama la atención que el presidente, que había ordenado a sus compañeros diputados y senadores no le cambiasen una coma a su propuesta, lanzara una propuesta, habida cuenta que ya se había aprobado y estaba en curso que Hacienda tomara los recursos, que son líquidos y no sujetos a regulación alguna.
De manera inmediata le respondió la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, aceptándole la propuesta, de ponerse de acuerdo en ese rescate; le dijo, además, que la «propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población. Trabajaremos en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverle el derecho al futuro…». (Versión de la SCJN, 31/10/23).
La respuesta de la ministra Piña no fue bien asimilada, ni por el presidente, ni por una absoluta mayoría de los medios y analistas,
que leyeron en la respuesta que aceptaba la extinción de los fideicomisos; no es así, si se lee bien el resto de la respuesta, la que en la parte esencial de ella argumenta «… mi administración ha venido trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos, como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos, y por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de los recursos públicos para el cumplimiento de otros fines sociales, como sin duda, en este caso se requiere». (Ibídem).
Hay, además, otro asunto, que las dos posturas parecieran olvidar: El hecho de que de los 13 fideicomisos cuya desaparición ordenó la legislatura, 6 contienen recursos de los trabajadores.
Sobre ellos no puede haber acuerdos.
Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
