Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la seguridad pública no es un tema de mano dura, sino de honestidad y de justicia.
“Mucha gente dice que ‘es un tema de mano dura’. No, no es un tema de mano dura; es un tema de honestidad y de justicia, que realmente haya honestidad y haya justicia en la procuración de justicia, y también en todos los cuerpos de Policías”, dijo la Presidenta.
Evidentemente, lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum es una crítica a los enfoques de seguridad pública utilizados tradicionalmente en México. Crítica que, inevitablemente, abre el debate fundamental sobre el modelo de seguridad que se debe implementar en el país para lograr un México más seguro.
Históricamente, la seguridad en México ha sido tratada desde una perspectiva centrada en la represión del crimen; o sea, en “la mano dura”. Y sí, aunque las políticas “de mano dura” suelen ser eficaces en el corto plazo, han demostrado ser insuficientes para resolver las causas estructurales de la violencia, dejando en evidencia sus limitaciones y efectos secundarios, como el fomento a la violación de derechos humanos, los abusos de poder y la corrupción dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
Se entiende, pues, que la crítica de Sheinbaum a “la mano dura” se refleje en una propuesta de cambio con un enfoque centrado en los principios de honestidad y justicia a fin de recuperar la confianza en las instituciones de seguridad, que es uno de los principales obstáculos para la eficacia de las políticas públicas en México.
El detalle es que, para que las políticas de seguridad sean efectivas, deben ir acompañadas de un compromiso real para disminuir la desigualdad y dar a las personas las herramientas necesarias para salir de situaciones de vulnerabilidad. Es decir, demandan no solo un cambio de paradigma, sino también una implementación efectiva y consistente de políticas integrales que aborden tanto las consecuencias inmediatas del crimen como sus causas estructurales.
Entonces, para lograr lo que la presidenta Sheinbaum propone, se necesita un Estado que esté dispuesto a reformar verdaderamente sus instituciones de seguridad para fortalecer el sistema judicial y asegurar que el acceso a la justicia no dependa de factores como la clase social, la ubicación geográfica o el poder político; y no reformas abusivas, autocráticas y demenciales como las impuestas por su antecesor y mentor político, Andrés Manuel López Obrador.
Por eso el debate sobre la seguridad también debe involucrar a la sociedad civil y a las ONG. Es decir, porque en la medida en que la ciudadanía participe activamente en la creación de políticas públicas es que el Estado podrá construir una relación más estrecha con los sectores que más sufren los efectos de la violencia, reconociendo así que la seguridad no es solo responsabilidad de los cuerpos de policía o de las fuerzas armadas, sino un problema que debe abordarse de manera colectiva (esferas del gobierno, sociedad y sector privado).
El caso es que, si bien el enfoque propuesto por la presidenta Sheinbaum plantea una visión renovadora de la seguridad pública en México, también resalta la magnitud y complejidad del problema. Y entonces, para que su visión sea efectiva, es imprescindible que las políticas públicas se implementen de manera coherente, combinando la mano dura -en la medida de lo necesario y permisible- con estrategias centradas en la honestidad y la justicia. Solo de esta forma se podrá construir una sociedad más justa, segura y equitativa, en la que los ciudadanos confíen en sus autoridades y vivan sin miedo.
A modo de resumen, concluyo citando lo dicho alguna vez por la abogada y política progresista estadounidense, Kamala D. Harris: Lo que todos queremos es seguridad pública. No queremos retórica enmarcada en ideologías.
Aída María Holguín Baeza
laecita.wordpress.com
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