(Costaba creer que eso hicieran desde Palacio Nacional)
Ante la resolución del juzgado Décimo Segundo de Distrito, de conceder el amparo solicitado por los legisladores del PAN, a fin de ordenarle al Gobierno federal que se incluya al estado de Chihuahua en la tarifa especial 1F, concedida por el Gobierno federal a estados con altas temperaturas, el líder de los diputados locales de Morena, Cuauhtémoc Estrada, los llamó a buscar, mejor, un convenio, al igual que las otras entidades incluidas en el decreto.
El colmo sería que el Gobierno federal interpusiera el recurso de revisión al amparo para que los chihuahuenses no gozaran de ese beneficio, lo que evidenciaría su intención de no incluir al estado de Chihuahua por motivaciones estrictamente políticas.
Alfredo Chávez, coordinador de la bancada panista, autora de la petición del amparo, arguyó que no está fundamentado, por el Gobierno federal, con razonamientos técnicos o legales, el por qué de la exclusión de la entidad. Además informó que el amparo tiene “efectos generales”, esto es, que se aplicaría a todos los habitantes. (Nota de César Lozano / El Diario de Chihuahua, 16/4/24).
El decreto del Gobierno federal incluía a los estados de Baja California, Sinaloa, Nayarit y Sonora, estados con temperaturas similares a las de Chihuahua, todos gobernados por Morena.
En abril incluyeron a Baja California Sur, entidad con las mismas características que las anteriores.
Las entidades con semejantes características climáticas no incluidas en el decreto (Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León) son las gobernadas por mandatarios emanados de partidos de oposición.
Tamaulipas, por su parte, también gobernado por Morena, logró un acuerdo con la Secretaría de Hacienda para que se le extendiera un subsidio de 800 millones de pesos, luego de la instrucción del presidente López Obrador.
Todos los acuerdos fueron logrados en los primeras semanas del presente año, precisamente en año de elecciones presidenciales
¿Cómo descartar el favoritismo político-electoral?
¿Qué razones puede argüir el gobierno de López Obrador para negarle el beneficio de ese decreto a los habitantes más pobres de, por ejemplo, Urique, Ojinaga, Aldama, Villa Ahumada, Meoqui y Chihuahua, en nuestra entidad, o a los de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio, en Coahuila y Durango, o a otros semejantes en toda la franja norteña?
Peor aún, el mencionado decreto esconde otra intencionalidad electoral.
Sólo incluye los domicilios con consumos menores de electricidad, lo que excluye a numerosos hogares de las llamadas capas medias, cuyos porcentajes en los estados excluidos son de los más altos de todo el país y que son, por pura casualidad, aquellos en los que Morena tiene las menores aceptaciones.
Más.
Ante el amparo otorgado, “Cuauhtémoc Estrada, coordinador de la bancada de diputados de Morena, manifestó que la vía para solicitar una tarifa especial en electricidad para Chihuahua, no era un amparo, pero sí la búsqueda de acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad, por parte del Gobierno del Estado”. (Nota de la redacción, Tiempo, 16/4/24).
El líder morenista arguyó que las otras entidades lograron esos acuerdos “porque no tienen adeudo” y “En cambio el Gobierno del Estado debe miles de millones de pesos a la Comisión” y, dijo, los adeudos históricos con la CFE tienen que saldarse. (Ibídem).
No le asiste la razón a Cuauhtémoc Estrada.
El gobierno de Chihuahua está en el lugar 14 de las entidades y dependencias que le adeudan a la CFE, con una cantidad de 183 millones, muy lejos del adeudo del EdoMex, que asciende a 26 mil 463 millones de pesos, equivalente al 57% del adeudo total.
Otra cosa es el adeudo de los agroproductores chihuahuenses, que asciende a más de los siete mil millones de pesos, y que, por tanto, corre por una ruta muy distinta y sin conexión con la deuda de los gobiernos estatales.
¿Y por qué, con ellos, con los agroproductores, sí están negociando las autoridades de la CFE, Conagua y Sader? ¿Acaso porque son electores?
Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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