Coincidentemente, dos hechos ocurridos casi simultáneamente vinieron a aportarle suficientes elementos a las enfrentadas posturas al uso indiscriminado de las fuerzas armadas en la seguridad pública que, nunca será ocioso enfatizarlo, es tarea reservada a los civiles.
Y lo es no sólo por la extendida convicción que en esa materia las fuerzas armadas no aportan el ingrediente necesario para afrontar la complejidad de la preservación de la seguridad pública en el mundo contemporáneo en el que la fortaleza, de todo tipo, de las bandas delincuenciales, es frecuentemente de carácter internacional.
El otro aspecto es que, por su mismo carácter -militar- el uso de las fuerzas armadas en la seguridad pública conlleva un incremento en las violaciones a los derechos humanos, debido a que los soldados han sido entrenados para “eliminar” a sus adversarios, contrario al objetivo de las fuerzas policiales civiles que es la detención de ciudadanos, presuntamente responsables de ilícitos.
De ese modo, por un lado la presentación del Secretario de Gobernación en el Congreso del Estado y, por otro, el fallido secuestro de una jovencita de 16 años en la capital del estado, gracias a la actuación de las fuerzas policiales civiles -policía municipal, policía estatal y policías ministeriales- con la ausencia de la Guardia Nacional, no sabemos si ésta se debió a que no fue requerida por las autoridades estatales o municipales, o porque sus mandos decidieron no acudir, a pesar del amplio despliegue social denunciando el secuestro de una estudiante de secundaria, cuyo desenlace fue lo más positivo pues fue rescatada, luego de la acción concertada de las fuerzas policiales -civiles- y la sociedad civil que por medio de las redes sociales alertaron, tanto a las agrupaciones policiacas, como a la sociedad.
Por otro lado, el Secretario de Gobernación, en un esfuerzo por demás inútil -y oneroso- fue recibido en la sesión plenaria del Congreso de Chihuahua, a fin de promover el punto de vista del gobierno federal en la ampliación del período, en el que se permitiría la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, a pesar de que la aprobación de esa reforma constitucional, no solo ya fue alcanzada, sino que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, por lo que ya es una reforma legal, lo que volvía inútil, tanto la discusión, como la promoción de la misma en el ámbito del Poder Legislativo de Chihuahua.
Sin embargo, la argumentación de Adán Augusto López Hernández, en su carácter de encargado de la seguridad interna, la relación con las fuerzas políticas y las de la sociedad civil, en lugar de abonar al amortiguamiento de la polarización política, fue todo lo contrario; lo que desató la especulación, justificada, sobre los verdaderos motivos de su visita.
Hasta ahora no ha habido una sola argumentación, con bases, con datos, que nos lleven a la conclusión de que solo con la participación de las fuerzas armadas se puede enfrentar el grave problema de inseguridad del país.
No han esgrimido la argumentación necesaria para sustentar el hecho de que las fuerzas armadas -como Guardia Nacional, o como ejército- asuman la seguridad pública del país con solvencia y prestancia.
El episodio de la jovencita secuestrada -y rescatada- sin querer, ubica cuáles podrían ser las medidas para afrontar ese clima de inseguridad, que no puede ser otro que el de apostarle a la creación de una fuerza policial -civil-, capacitada, bien pagada, suficiente en número y prestaciones que le permita efectuar las acciones no realizadas, ya no tanto en las últimas décadas, sino en los últimos años, que permitiera la desactivación de las bandas criminales, la detención de sus principales jefes, la desarticulación de sus redes empresariales, etc.
Mientras no tengamos una agrupación con esas características seguiremos escuchando los discursos demagógicos de que están enfrentando al crimen, organizado o no, todo en espera de la siguiente elección.
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022
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Fuente de citas hemerográficas: Información Procesada (INPRO)
