De manera burda, sin el más mínimo escrúpulo, Maru Campos Galván presionó para llegar “limpia” a la gubernatura de Chihuahua. Como por arte de magia desaparecieron los dos procesos penales que tenía en su contra.
Por un lado, logró que la Fiscalía Anticorrupción que dirige Gema Chávez se desistiera de la acusación que hizo en su contra por los delitos de cohecho y uso ilegal de facultades cuando fue alcaldesa de Chihuahua.
Y por otro, consiguió que el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, titular de la Tercera Sala Penal, revocara la vinculación a proceso penal que enfrentaba por el delito de cohecho, caso conocido como la “Nómina Secreta” de César Duarte.
SE DESISTE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
La tibieza de la Fiscalía Anticorrupción se vio desde la campaña electoral, cuando Maru Campos participaba como candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua. El ministerio público a cargo de Gema Chávez entregaba documentos a última hora para que la defensa tuviera “elementos” para que el Poder Judicial difiriera la audiencia de vinculación a proceso. No lo hizo una vez, ni dos. Fueron varias.
Así que ahora no sorprende el desistimiento que hizo la Fiscalía Anticorrupción en beneficio de Maru Campos.
El desistimiento no es por falta de pruebas. La misma Gema Chávez dijo públicamente que la acusación estaba bien fincada. Los datos se publicaron ampliamente.
La causa penal 3022/2020 se derivó de los resultados que entregó la Auditoría Superior del Estado al revisar cuentas públicas correspondientes a la gestión que tuvo Maru Campos en la Presidencia Municipal de Chihuahua.
Según la investigación que hizo el Ministerio Público, Maru Campos recibió un millón 300 mil pesos por parte de empresas, entre 2017 y 2018, cuando fungía como alcaldesa de Chihuahua, a cambio de adjudicarles contratos para limpieza y mantenimiento de camellones, parques y jardines municipales.
De acuerdo a la causa penal, cinco compañías estaban vinculadas entre sí y simularon competencia en los procesos de licitación: Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC S.A. de C.V. y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.
De acuerdo a la investigación, en 2018 tres de esas empresas obtuvieron contratos por cinco millones 308 mil 815 pesos. En 2017 las otras compañías del grupo ganaron adjudicaciones por 7 millones 884 mil 331 pesos.
Testigos declararon a la Fiscalía que durante 2017 y 2018 Maru Campos recibió varias mensualidades que suman un millón 319 mil 314 pesos, esto es, el diez por ciento de los montos de los contratos.
La indagación arrojó también que Maru Campos utilizó una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa para solventar gastos personales en ciudades de México, Estados Unidos, Italia y Francia, con cargos de aproximadamente un millón de pesos.
REVOCAN LA VINCULACIÓN
Maru Campos fue vinculada a proceso penal por el delito de cohecho, conocido como el caso de la “Nómina Secreta” de César Duarte, el 1 de abril del presente año, justo a punto de arrancar la campaña electoral en la que ella participaba como candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua. El monto del delito suma alrededor de cien millones de pesos.
La palabra de un testigo protegido que se desempeñó como alto funcionario en la Secretaría de Hacienda durante la administración del exgobernador César Duarte fue clave en la vinculación a proceso judicial por el delito de cohecho.
Confesó a la Fiscalía de la Función Pública que él personalmente entregó a Maru Campos cada mes los paquetes con el dinero en efectivo durante 2014 y 2015, cuando era diputada local. Primero en la oficina del Secretario de Hacienda, después en su propia oficina y al final en el estacionamiento subterráneo de la institución.
El Juez del Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, validó el testimonio y lo expuso con todo detalle a la hora de hacer la conclusión para vincular a proceso judicial a Maru Campos.
Este martes 7 de septiembre, un día antes de que Maru Campos tome protesta como gobernadora de Chihuahua, se realizó una audiencia de apelación donde el magistrado Juan Carlos Carrasco Borunda, titular de la Tercera Sala Penal, revocó la vinculación a proceso penal que enfrentaba.
El magistrado argumentó que hubo deficiencias en la imputación que hizo el Ministerio Público y revocó las medidas cautelares que impuso el juez Mendoza Rodríguez en contra de Maru Campos, incluida la retención de su pasaporte.
A juicio del magistrado, las pruebas que presentó el Ministerio Público fueron genéricas e insuficientes, por lo tanto la investigación quedó inconclusa.
