«… “El director administrativo (de la Uach, en tiempos del rector Luis Fierro, en el sexenio de Javier Corral) tenía la responsabilidad de garantizar el uso adecuado de los recursos financieros de la institución, y de supervisar que se programaran y pagaran en tiempo y forma las cuotas al sistema de seguridad social del estado. Esta omisión no fue casual ni desconocida, sino deliberada y arbitraria”, explicó el Auditor Superior, Héctor Acosta». (Nota de redacción, Tiempo, 21/5/25).
El Auditor del estado informó de la inhabilitación (en cargos públicos) por seis meses, determinada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) de dos exservidores públicos de la Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach), que se desempeñaron como director administrativo y jefa del departamento de Tesorería, respectivamente, tras encontrarlos responsables de omitir el pago de 209 millones en cuotas a Pensiones Civiles del Estado (PCE), a pesar de contar con los recursos financieros necesarios.
Además, éstas son las primeras sanciones -lo dijo el Auditor- que ocurren como consecuencia de la revisión minuciosa que permitió conocer la situación financiera de Pensiones y los afiliados con adeudos pendientes.
Denunciado públicamente a lo largo de casi todo el sexenio, develado el modus operandi, no solo de la Uach, sino de la Junta Municipal de Agua de Chihuahua y de la Secretaría de Hacienda en el gobierno del entonces panista Javier Corral, la omisión del pago de las retenciones que hacían de las cuotas de los trabajadores, para ser entregadas a PCE y que contribuyó severamente al agravamiento de la crisis económica por la que atraviesa, hasta la actualidad, hoy encuentra concreción la primera acción sancionadora.
Debieron transcurrir largos -por lo menos- seis años para que se iniciara el elemental proceso de investigación y el consecuente fincamiento de responsabilidades a los funcionarios encargados de derivar los recursos a la institución de seguridad social de los trabajadores del gobierno de Chihuahua y diversas dependencias.
Por supuesto que los ahora sancionados no actuaron por cuenta propia, dependían del rector Luis Fierro y pudieron recibir indicaciones del entonces Secretario de Hacienda -y hasta del gobernador Corral-, pero es evidente que sus acciones formaban parte de una estrategia de la administración, encabezada por el ahora senador morenista, para que los recursos esquilmados a PCE (las aportaciones correspondientes a la seguridad social, servicio médico y diferencial médico que exige la ley, para garantizar la atención de los trabajadores universitarios afiliados a PCE) ingresaran a las arcas del gobierno del estado.
Los funcionarios involucrados omitieron su obligación de destinar los recursos a Pensiones, a pesar de contar con los recursos para tales fines y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) los encontró «responsables de la falta grave de abuso de funciones». (Nota de César Lozano T./El Diario, 21/5/25).
La revisión de la Auditoría Superior del Estado acreditó que la UACH tenía un adeudo total de 209 millones 802 mil pesos con PCE y que los funcionarios sancionados «conocían la relevancia y prioridad del cumplimiento del pago». (Ibídem).
Deuda que asciende, según dichos del actual rector, Luis Rivera, a más de 700 millones de pesos, que habrá de confirmarse en el curso de las próximas semanas pues la deuda de la Uach, en 2017, pasó de 128 millones en 2017 a 800 millones de pesos en 2021, «según lo declarado por el rector Fierro». (Nota de Eduardo González, Norte Digital, 28/10/21).
Po’s sí, son los primeros, y les deben seguir quienes daban las órdenes que llevaron a Pensiones a la actual situación.
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Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ)
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