El ejercicio del poder en México y particularmente en Chihuahua, ha alcanzado niveles de sobresalto y gran especulación, porque la transición política que desde hace varias décadas habíamos interpretado como una etapa del desarrollo democrático de nuestra sociedad, es ahora una forma de ejercer el ejercicio del poder, en contra de quienes terminan un gobierno y lo entregan a otro, de diferente o igual corriente política, pero de radicalismos ideológicos diferentes.Los gobernadores y alcaldes administran los recursos económicos, humanos, administrativos y materiales y en el ejercicio de su función, delegan responsabilidades a integrantes de su gabinete para que dentro de su ámbito de acción, desarrollen sus actividades, en beneficio de la sociedad.Sin embargo, en alguna parte de este ejercicio, que se asegura está regulado, se llegan a cometer omisiones o excesos, derivados de la dinámica de trabajo, o por acciones que sin ser de mala fe, pueden presentar errores e irregularidades que eventualmente, alcanzan niveles de desvío de recursos, peculado y otras conductas tipificadas como delitos.
La autonomía de la procuración de justicia, el brazo ejecutor del poder Ejecutivo, no puede alcanzarse en un sistema político como el nuestro, precisamente por la alternancia que genera compromisos y se convierten en serios obstáculos para los mandatarios que no los eligieron.Las personas que ocupan estos cargos, deben gozar de la total confianza del Ejecutivo federal y estatal, porque representan la parte más sensible con la ciudadanía, la que ejerce el ius puniendi, la que procura una justicia, la que conoce de primera mano la afectación de una conducta, pero también la que puede, ejerciendo sus facultades, buscar una solución apegada a derecho.La creación de la Procuraduría Anticorrupción, no ha tenido más acción que la de perseguir a enemigos políticos de quien ejerce la actual administracion; su actuar, ha sido desastroso porque si bien mantiene en prisión a quienes han desviado recursos, también ha quedado en evidencia su incapacidad manifiesta para sostener asuntos que pudieran ser emblemáticos, que han resultado fallidos, por su falta de preparación y eventualmente por la novatez acreditada.Es claro que la expresión de que los carniceros de hoy, serán las reses del mañana, la hemos visto en la práctica en muchas ocasiones, porque lo que podría ser corregido mediante una medida administrativa, se criminaliza en la justicia penal y desde que es mencionado en una carpeta de investigación, ya es considerado culpable, a pesar de que no haya sido sentenciado por el juez respectivo.
Solo en Chihuahua se reconoce a los funcionarios que simplemente hacen lo que la ley los obliga, como el caso del titular de la auditoría superior del Estado Héctor Acosta Félix, quien sin realizar ninguna acción extraordinaria, recibe reconocimientos por hacer, lo que está obligado a realizar.La procuración de justicia es la parte más importante de una administracion estatal, pero no recibe lo que necesita para realizar con eficacia y eficiencia su trabajo; la construcción que se encuentra en obra negra a un costado de las instalaciones de la Fiscalía Zona centro, a decir de quienes saben de esto, se encuentra registrada como terminada para efectos presupuestales, cuando su realidad, como se advierte, es otra.El problema se originó en un error que trajo consecuencias; se dice que Obras Públicas del Gobierno Estatal, presentó el proyecto donde los tres rubros de Obra Civil, Terminados y el Amueblado, que se había solicitado para el Gobierno Federal de manera individual, se integraron en conjunto los tres rubros, lo que elevó alrededor de 50 mil pesos el metro cuadrado, por lo que se cerró la posibilidad de que fuera financiado por parte del Gobierno Federal.Si tomamos en consideración que el programa Centinela, a más de 4 años de iniciarse, apenas se están colocando los retenes de revisión en Ciudad Juárez y en Ojinaga, se advierte difícil, muy difícil que se pueda terminar el edificio adjunto la fiscalía zona centro.
Los defensores del Instituto de la Defensoría, ganan poco menos que el doble de lo que reciben los Ministerios Públicos, tienen más responsabilidad, más cargas laborales y menos comprensión por parte de sus mandos.Antes de haberse llevado a cabo la reforma judicial, debieron organizar la reforma en las fiscalías de todo el país.La reingeniería implementada por el maestro Heliodoro Araiza en la fiscalía Zona Centro, podría tener mejores resultados, si se pudiera mantener en sus cargos a los agentes del Ministerio Público, pero puede más el cubrir sus necesidades básicas familiares que solo cursos y exigencias.Muchos MP’s tienen marcada la camiseta, pero el bajo salario, el excesivo trabajo, el no contar con el pago de horas extras, el tener que cubrir horarios dispares y a veces tener que soportar el maltrato de abogados litigantes, hacen que renuncien un promedio de 10 por mes.
La estrategia de meter un determinado número de ellos por semana en actividades de apoyo conjunto, le está resultando adecuado al fiscal, aunque se advierte que no será lo suficiente para mantener la plantilla de manera permanente, sin embargo se reconoce el esfuerzo que se realiza.Los titulares de la fiscalía zona centro que cuentan con despacho, han operado desde adentro para llevarse los buenos asuntos a litigar en sus oficinas particulares, con máxima prioridad para sacarlos adelante, sean o no defensores o asesores desde el inicio, mientras que el resto de los litigantes, tienen que lidiar batallas diariamente para que sus asuntos avancen…esa es la realidad.
