Procedimientos administrativos en contra de Duarte no son cuatro, sino cinco
Orlando Chávez/El Diario
Chihuahua– Juan Carlos Mendoza, quien representa la defensa del exgobernador César D., emitió un posicionamiento en el que expuso que la información publicitada por la Secretaría de la Función Pública (SPF) del Estado tiene varios errores. Recaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ha intervenido en ninguno de los casos, además de que son erróneos los montos de los procedimientos dados a conocer por la dependencia y que también se equivocaron en el número de amparos, ya que no es uno, sino cinco.
“Ante las inexactas declaraciones en la conferencia de prensa del día de hoy (ayer) de la Secretaría de la Función Pública, la defensa legal del Lic. Cesar Horacio Duarte Jáquez, hace del conocimiento de la comunidad en general las siguientes precisiones”, indicó a través de un comunicado.
Recalcó que en los procedimientos administrativos que se impusieron a su defendido, en ninguno de ellos ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“La razón por la cual el máximo órgano rector del Gobierno Estatal encargado de que los servidores públicos en particular y la administración pública en general sea siempre apegado correctamente a la legalidad, es decir, la Secretaría de la Función Pública, intentará reponer los procedimientos en contra de nuestro defendido es en razón de la incorrecta aplicación de una ley que al momento de imponer estos procedimientos ya estaba abrogada, es decir, era inaplicable por lo menos dos años antes de imponer estos procedimientos”, apuntó.
Dijo que nunca hubo falta de claridad normativa para estos procedimientos ni era necesaria ninguna “bola mágica” como lo señaló la secretaria, ya que bastaba con tener un calendario vigente a la mano y acceso a las leyes emanadas del Congreso local y del Congreso de la Unión.
“Con la aplicación de la normatividad que había sido extinta al menos dos años antes de los procedimientos impuestos a nuestro defendido (dos del año 2019 y tres del año 2020) se violó el debido procedo no sólo en el ámbito administrativo sino también en lo penal; lo cual será demostrado en los tribunales establecidos para ello”, enfatizó.
Enlistó los errores dados a conocer por la SFP: los procedimientos administrativos en contra de su defendido no son cuatro, sino cinco; de los procedimientos no están en este momento en juicios de amparo uno, sino los cinco, bajo los números de expediente 2098/2019, 333/2020, 1187/2020, 1235/2020 y 1236/2020; el menoscabo al erario que la Función Pública buscó sin éxito atribuir responsabilidad administrativa a su defendido no es de 130 millones de pesos, sino de 420 millones.
“Efectivamente, todos los procedimientos administrativos pueden ser repuestos de nueva cuenta, hecho que esta defensa y nuestro defendido vemos como un justa oportunidad para poder acreditar en los tribunales y no en los medios, así como por medio de pruebas claras y no por una aplicación equivocada o manipulada de la ley”, concluyó.
