A pasos acelerados el país se encamina a la hecatombe judicial.
Es muy pronto para que la mayoría de los mexicanos se percaten del enorme conflicto que significará, primero, que cientos de juzgadores federales renuncien a sus cargos; y, luego, que vayamos a elegir a por lo menos 800 juzgadores federales.
Además, como deberán elegirse a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los 9 que la integrarán, deberán hacerlo en una suerte de campañas electorales en todo el país pues emergerán -de acuerdo con la reforma judicial- del voto de todos los que acudan a la jornada electoral del primer domingo de junio de 2025.
A ojos de todos, el proceso judicial atraviesa por graves y enormes problemas.
Son de tal grado que la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), le propuso a la 4T que se pospusiera la elección tres meses, a octubre, por lo menos.
Lo anterior, sin contar que hasta unas horas del cierre del plazo para inscribirse como aspirante, ninguno de los 3 poderes contaba con el mínimo de candidatos marcados por la legislación (5 mil 10) de cada uno.
Un día después de la petición del INE para la posposición, la Secretaria Ejecutiva del mismo, pieza fundamental para los procesos electorales pues en ella recae la coordinación de toda la elección, renunció.
De inmediato se dio inicio al proceso para que el Consejo general del INE, aceptara las solicitudes de los aspirantes a ocupar ese importantísimo cargo.
Entre ellos se cuenta a la chihuahuense, ex presidenta del IEE, Claudia Arlett Espino, quien fue invitada por la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, a ocupar el cargo y que deberá ser ratificada por el Consejo General del INE.
Todo ello sucede a escasos seis meses y medio de la elección en la que no hay, ni legislación secundaria, ni precisión en la demarcación territorial bajo la cual deben convocarse y realizarse las elecciones judiciales.
Más aún, no hay precisión sobre los medios, recursos, plazos y demás requerimientos para las impugnaciones, ni tampoco para la regulación de la publicidad en radio y televisión, en los tiempos del Estado mexicano, que regula el INE.
Y como ha sido la práctica a partir del 1 de septiembre, las legislaturas en las que Morena tiene mayoría juegan carreras, literalmente, para ver quién aprueba más rápido las reformas constitucionales.
Así ahora, varias legislaturas locales aprobaron que se llevara al cabo la elección de los juzgadores locales al mismo tiempo que se elegían a los federales, lo que le añade un grado inconmensurable de incertidumbre al proceso electoral.
Es extremadamente complejo el proceso. Tan solo en la ciudad de Chihuahua se elegirán 13 jueces de distrito y 12 magistrados del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Chihuahua.
Deberán cubrirse, además, dos vacantes de magistraturas de apelación que deberán ser ocupadas, obligatoriamente, por mujeres.
«En cuanto a las plazas de jueces, siguen abiertos los espacios para 13 aspirantes; seis de ellos son en materia penal (tres exclusivos para mujeres); dos en materia laboral individual (uno de ellos para mujeres), y cinco mixtos (tres para mujeres)». (Nota de Orlando Chávez, El Diario de Chihuahua, 18/11/24).
En Chihuahua, el Poder legislativo resolvió acogerse a lo que señalan los artículos transitorios de la reforma judicial y deberán decidir si la mitad de los juzgadores locales se elegirán en 2025, o si el total se elegiría el primer domingo de junio del año 2027.
Si optan por esto último, no será cosa fácil de realizar.
Será extremadamente complejo, si se realiza. Además, tendrá como añadido el que coincidiría con los procesos electorales, el federal y el local.
Los electores chihuahuenses, además de las boletas de los juzgadores locales y federales que deberán elegir, recibirían la boleta de candidatos a diputados locales, las de diputados federales, senadores, alcaldes, síndicos y Gobernador del estado.
Si se toma en cuenta que se deberán elegir alrededor de 125 jueces locales en todo el estado, más 25 magistrados estatales, es probable que los electores de Juárez y Chihuahua deban elegir a no menos de 10 jueces locales y los 25 magistrados estatales, porque estos últimos deberán elegirse en un proceso estatal.
En el caso de los juzgadores, tanto federales como locales, la boleta deberá contener los nombres de por lo menos 10 candidatos en cada cargo, a los que se les sumarán los candidatos a diputados locales de cada una de estas dos ciudades.
Si tomamos en cuenta que en Juárez hay nueve distritos locales y cuatro distritos federales, para los que, en cada distrito, habrá por lo menos 3 o cuatro candidatos, querrá decir que un elector promedio en Juárez tendrá que votar en una casilla para juzgador local, otra para juzgador federal, otra para magistrado local, otra para magistrado federal, otra para ministros de la suprema corte, una más para diputados locales, otra para diputados federales, otra para la alcaldía, una más para las sindicatura y una para gobernador.
¡Diez urnas, una para cada cargo!
¿Cuánto tiempo deberá emplear cada elector para votar?
Es materialmente imposible hacerlo.
Lo que soñó López Obrador, que los jueces fueran elegidos por “El pueblo bueno y sabio” es un verdadero galimatías y, como en prácticamente todos los asuntos públicos tocados por el tabasqueño, un descomunal derroche, además del caos en la impartición de justicia, con las gravísimas consecuencias que tendrá en la vida de millones de personas.
Desde el punto de vista práctico, es imposible llevar a cabo este proceso, además del enorme desperdicio del plus técnico, jurídico y académico alcanzado por el país en los últimos 30 años, lapso a partir del cual se estableció la carrera judicial.
Como lo hizo López Obrador en prácticamente todos los aspectos de la vida pública que abordó, en los cuales existían serios defectos y enormes deficiencias, en lugar de mejorarlos, los desapareció y agravó las consecuencias.
Con ello se dio paso a un verdadero desmantelamiento del Estado Mexicano.
Algo de eso empezaremos a sufrir los chihuahuenses pues, de acuerdo con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta, 50 jueces y 8 magistrados podrían no regresar a sus cargos en enero, debido a que están en proceso de solicitar su retiro por años de servicio, lo que acarreará problemas en el servicio que presta el Poder Judicial del Estado.
Ante la salida de los juzgadores, recurrirán a encargados de despacho y magistrados suplentes, ya que así lo contempla la ley vigente.
Los años de servicio para que los jueces puedan jubilarse son de 28 años y en el caso de los magistrados de 30, pero deben cumplir con diez años en el máximo cargo para obtener este beneficio.
Habrá jueces provisionales por todas partes.
Primero, al declinar su participación en el proceso electoral, los espacios dejados por estos juzgadores, serán ocupados por encargados de despacho, que en estos casos, suponemos, cuentan con un buen bagaje, lo que no quita el aire de improvisación; luego, con los elegidos en junio, sin duda alguna que habrá cantidades industriales de improvisación pues, con toda seguridad, ninguno, o muy pocos contarán con carrera judicial.
No serán los únicos problemas que enfrenten los chihuahuenses el próximo año; deberán tomarse en cuenta los derivados de la concreción de los anuncios del presidente electo, Donald Trump, que incidirán directamente en Chihuahua:
-La deportación masiva de migrantes;
-La eventual declaración de grupos terroristas a los cárteles de la droga (con la eventual intervención militar extraterritorial, incursiones en suelo nacional) y
-La aplicación de aranceles a los productos mexicanos, que puede afectar a la producción manufacturera local, en especial a la de la industria maquiladora de exportación.
¡Vaya futuro inmediato!
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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