¡Pobre país, no merece tener esta clase política!
Ante el hecho -probablemente- más emblemático de la presente oleada homicida que asola al país, (el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de la Sierra Tarahumara, entregados a esa región del país -y a su gente-) los gobernantes más importantes, por su cargo, por su relevancia social, por su lugar en la jerarquía partidista -de ahora y en el pasado- no pierden oportunidad de deslindarse de las enormes responsabilidades que tienen en esos hechos, que podrían convertirse en el antes y el después de la ola de sangre que sufrimos.
No hay atenuantes, el principal es el presidente de la república, porque es el Jefe del Estado Mexicano. No puede esgrimir lo que lamentablemente expresó en la conferencia de prensa de ayer miércoles 29 de junio:
“… esto último del asesinato de los sacerdotes merece una explicación de las autoridades locales a fondo. ¿Cómo es posible que con órdenes de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad, que fuese patrocinador de un equipo de beisbol y que todo mundo supiera a qué se dedicaba y no lo tocaran. ¿Por qué, cuál era su estatus? Tenía que haber ahí contubernio. Muchas veces estas relaciones perversas surgen de los apoyos que se dan en campañas políticas…”.
Sin saberlo, o quizá sabiéndolo, López Obrador describió a detalle lo que ocurre en el país, con todas las fuerzas políticas gobernantes en todos los niveles de gobierno.
Digámoslo enfáticamente, con todas.
No se escapa una sola.
Pueden no estar coludidas, tal y como señala el mandatario, pero que cargan con inmensas responsabilidades en el manto de impunidad prevaleciente, es una verdad irrefutable.
El presidente se lamenta de un hecho (que no se detuviera al presunto asesino -José Noriel Portillo- de los jesuitas Javier Campos Morales y César Mora Salazar, y del guía turístico, Pedro Palma) a pesar de que, desde el 2018, por lo menos, existía una orden de aprehensión en su contra.
La acusación presidencial, sin mencionar directamente a la gobernadora Maru Campos, es tajante.
Pero hay malas noticias, no solo para el presidente, también para el país y los chihuahuenses, y es que el gobernante anterior -Javier Corral- al que pretendió ungirlo con una representación de su gobierno en el exterior, era el responsable de la ejecución de esa orden de aprehensión.
No es la única cosa negativa.
En abril de este año, elementos de la Marina Nacional, en conjunto con las fuerzas policíacas estatales, pretendieron detener al “Chueco”.
No lo detuvieron.
Se asegura, en informaciones extraoficiales, que estuvieron a punto de lograrlo.
¿Este hecho no fue reportado en las reuniones de seguridad que encabeza el presidente de la república?
¿No merecía, acaso, una atención más puntillosa derivada del hecho de que era perseguido por ser el presunto asesino de un ciudadano de los EU?
¡Por supuesto que se coincide con el presidente en el sentido de que debe investigarse a fondo sobre el hecho de que “El Chueco” siga libre!
Pero en eso de repartir culpas y no aceptar las propias son especialistas los gobernantes, como antes fueron los de antes.
Planteado de botepronto parecieran no tener relación los siguientes hechos:
El 30 de octubre las fuerzas armadas detuvieron a Ovidio Guzmán en una finca en Culiacán, la capital sinaloense.
Se desató el infierno. Los militares intentaban aplicar una detención, con fines de extradición de Ovidio a los EU.
El presidente ordenó su liberación, para evitar, dijo, un baño de sangre mayor.
El cártel de Sinaloa le tomó a López Obrador la capital sinaloense, su capital, la suya, de ellos.
Dos años y medio después esa orden de detención no ha sido, ni siquiera intentado ejecutarla.
¿Ya no existe la orden? ¿Se desistió el gobierno norteamericano?
Lo más probable es que no.
¿Por qué no lo detiene el gobierno de la 4T?
Bueno, pues resulta que Ovidio es uno de los jefes de la banda criminal a la que pertenece el asesino de Cerocahui, sin duda la más poderosa en el presente sexenio y en los dos anteriores, no sólo en el de Calderón, como cada mañanera nos pretende vender el presidente; no, también fue la mandona en el gobierno de Peña Nieto, a quien el presidente no toca en el reparto mañanero de culpas.
¿Por qué no encabezar la acción global del Estado Mexicano y enfrentar al crimen organizado; sí, con su capacidad de fuego, pero también con toda la fuerza del Estado, en lugar de repartir culpas y acusar a los otros de lo que es su responsabilidad?
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Fuente de citas hemerográficas recientes: Información Procesada (INPRO)
