Terminó la rifa del avión presidencial, a pesar de que este sigue ahí y los contribuyentes estamos pagando todavía el arrendamiento y el mantenimiento. Sin embargo, el Presidente ya ha lanzado una nueva campaña de propaganda, la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
López Obrador, al parecer, redactó personalmente la pregunta, como lo sugiere el lenguaje de poca o nula corrección jurídica. La envió al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien la remitió a la Suprema Corte. El Senado se convirtió así en una simple oficialía de partes.
La pregunta es: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
No solo es una pregunta confusa, sino que carece de sentido jurídico. Es absurdo preguntar si se debe aplicar la ley. Si cualquier persona, expresidente o no, cometió un delito, la obligación de las autoridades es presentar la acusación correspondiente ante los tribunales; si no ha cometido delito, no lo debe hacer.
La pregunta supone que el pueblo sabio debe rendir primero su veredicto y la autoridad después investigar. Es una tergiversación del orden jurídico, en el que un fiscal primero investiga un delito y, de encontrar indicios, somete las pruebas a un juez que, con conocimiento jurídico y de los hechos, juzga y rinde un fallo.
Pero ¿cómo se puede ofrecer un fallo si no hay claridad en las acusaciones? En la exposición de motivos el Presidente afirma que “el neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones”. Añade que “en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, crecieron más en nuestro país las diferencias económicas y sociales entre ricos y pobres”.
A Ernesto Zedillo lo acusa de continuar “las políticas privatizadoras de su predecesor”; a Vicente Fox, de intervenir “indebida e ilegalmente en el proceso electoral”; a Felipe Calderón, de aplicar una “estrategia militar” para “‘combatir el narcotráfico’ que exacerbó la violencia”; a Enrique Peña Nieto, de complicidad en los sobornos de Odebrecht y en la compra fraudulenta de Agronitrogenados.
La aplicación de políticas liberales, sin embargo, no es un delito. La desigualdad en el sexenio de Salinas, según el índice de Gini, bajó en lugar de aumentar. Privatizar empresas públicas no es ilegal.
Las intervenciones indebidas de Fox en la campaña de 2006 fueron detenidas por el IFE. Calderón aplicó una fallida estrategia militar contra el narco, pero dentro de la ley (AMLO la ha continuado con peores resultados). Sí hay indicios de responsabilidad de Peña Nieto en los casos Odebrecht y Agronitrogenados, pero los asuntos deben dirimirse en los tribunales; una consulta no puede ni debe concederle impunidad.
Sorprende que Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, no le haya informado al Presidente del absurdo jurídico del escrito. Ricardo Monreal, doctor en Derecho, no debió remitir el galimatías a la Corte, pero nadie se atreve a decirle “No” a López Obrador. O quizá todos saben que la consulta no tiene propósitos de legalidad, sino simplemente de propaganda.
De género
Todo el que quiso se registró para la encuesta para dirigir Morena, pero un Tribunal Electoral de cinco hombres y dos mujeres rechazó la convocatoria porque no hay equidad de género entre quienes se inscribieron. ¿Y la democracia?
