No sólo las finanzas del gobierno del Estado atraviesan por una gravísima crisis, también las de un elevado porcentaje de la población chihuahuense, el que está sometido, además, a una creciente elevación en el costo de la vida, superior al de las estadísticas gubernamentales.
Ambas están determinadas por un conjunto de factores, el principal de los cuales, es lógico, el del crecimiento económico, además de la extrema desigualdad de la sociedad mexicana -ésta última que se ve muy, muy lejos de aminorar, a juzgar por el rumbo de la política macroeconómica del gobierno mexicano-, pero que en cuanto a las finanzas de la administración pública estatal, su mejoramiento se aprecia a muy largo plazo, con suerte, antes de que las cifras de la desigualdad se disminuyan.
Pero hay una diferencia cardinal: Las finanzas familiares tienen pocas posibilidades de mejorar en el corto plazo y las del gobierno sí pueden paliarse mediante la puesta en vigor de varias herramientas financieras, por lo que es lógico suponer que el nuevo grupo gobernante instrumentaría varias medidas a fin de paliar los efectos de la crisis económica previa a la aparición de la pandemia, agravados precisamente por ésta.
Para ello, era esperable que la política recaudatoria tuviera ese ingrediente, a fin de atenuar los efectos de la desaceleración y la parálisis económica, y se optara por la aplicación de una política que hiciera posible enfrentarlos, más los derivados de otro inesperado factor, el de la inflación.
Por supuesto que ambos factores están golpeando las finanzas estatales, pero se requiere apoyar la economía de la mayor parte de las familias.
Hay un factor que sí se encuentra en manos de los gobernantes: El costo de las placas.
Tómese en cuenta que en las dos principales ciudades, el porcentaje de ciudadanos que se trasladan en vehículo particular es muy alto, con cálculos que van del 70 al 80%, -con una elevación constante en Juárez, en los años más recientes- y cuyo perfil socioeconómico es mayoritariamente medio-bajo, razones que debieran llevar a los gobernantes a disminuir el costo de las placas, y no solamente en los primeros meses.
Muchas personas podrán argüir que se trata de apenas unos cuantos pesos de diferencia, sí, pero dependiendo de los ingresos familiares esa cifra deberá considerarse como elevada pues el ingreso mensual promedio en el estado es de 16 mil 769 (ENIGH 2020, el promedio del ingreso total trimestral por hogar es de 53 mil 798 pesos…), de los que deberá descontarse, al inicio del año, el pago de las placas y la revalidación vehicular, lo que supondría pagos por el orden del 12-15% de los ingresos del mes de enero, más la elevación del costo de la vida, que, todos sabemos, es mayor en el inicio del año.
Y como debe suponerse, hay una buena cantidad de familias con ingresos menores, otros que los perdieron transitoriamente, unos más que los disminuyeron sensiblemente y otros que perdieron los ingresos previos a la pandemia.
Tales factores son los que debieran tomarse en cuenta y hacer una modificación de la ley de ingresos para beneficiar a cientos de miles de propietarios de vehículos, cuya disminución no afectaría sensiblemente a las finanzas estatales y sí, en cambio, podrían alcanzarse varias metas trazadas con el reemplacamiento, la primera de ellas, la de uniformar las existentes en el parque vehicular, contribuir al ordenamiento del mismo, incidir en la disminución de robos de vehículos, etc., además de que las finanzas del gobierno estatal no se verían mayormente afectadas y sí podrían, incluso, alcanzar un mayor porcentaje de propietarios que hagan los trámites correspondientes.
Basta con una pequeña modificación que la legislatura estatal hiciera a los ingresos del gobierno local, lo que podría amortiguar en las familias chihuahuenses la cuesta de enero.
[email protected]; Blog: luisjaviervalero.blogspot.com; Twitter: /LJValeroF
Fuente de citas hemerográficas antiguas: Información Procesada (INPRO)
