Paloma Domínguez, diputada federal del PRI por Ciudad Juárez (Chihuahua), manifestó el rechazo de su bancada a la reforma para eliminar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pues es más una decisión «política» de «control» que una medida «técnica» de eficiencia.
Arrancó el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para abordar múltiples reformas promovidas por el Ejecutivo y la mayoría de la 4T, donde la legisladora federal Partido Revolucionario Institucional (PRI) subió para alzar la voz en contra de la reforma.
Paloma Domínguez advirtió que la iniciativa no responde a una verdadera intención de simplificación administrativa, sino a un intento de control político. “Esta no es una discusión técnica, es una decisión política que pone en riesgo la transparencia, la objetividad y la calidad de la política social en México”, afirmó.
El Coneval, creado en 2004 con apoyo del PRI y del PAN, ha sido el órgano responsable de evaluar las políticas sociales y medir la pobreza en el país con rigor metodológico. “Ha sido un faro técnico en medio de la niebla política”, subrayó Domínguez, recordando que sus datos y evaluaciones han incomodado al poder por su veracidad.
«Fue el Coneval quien en 2022 reportó que 50.4 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud, mientras que 64.7 millones carecen de seguridad social», señaló.
La diputada juarense advirtió que transferir las funciones evaluadoras del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sería una medida “cosmética, pero estructuralmente riesgosa”, ya que el organismo no cuenta con el mandato ni la experiencia institucional para asumir estas responsabilidades.
«Todo esto ocurre en un país donde uno de cada tres mexicanos no tiene acceso a servicios básicos y donde más de 50 millones de personas viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza», continuó.
Finalmente, Domínguez reiteró el rechazo del Grupo Parlamentario del PRI a la reforma. “Esta reforma no consolida avances, borra lo construido, no hace más eficiente al gobierno, le quita control externo, no mejora la política social, la deja sin evaluación confiable”, sentenció.
