El pasado domingo 1 de junio, los mexicanos vivimos una jornada electoral inédita, fuimos a las urnas para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, tanto federal como estatal, pero la mala noticia es que apenas el 13 por ciento de los electores acudimos a votar
El pasado domingo 1 de junio, los mexicanos vivimos una jornada electoral inédita, fuimos a las urnas para elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, tanto federal como estatal, pero la mala noticia es que apenas el 13 por ciento de los electores acudimos a votar, es decir, los ciudadanos mostraron claramente una falta de interés en este proceso inédito, pero, para analizar bien los hechos, haremos un poco de contexto.
Entre 2023 y 2024, las tensiones entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escalaron notablemente. La Corte anuló varias reformas impulsadas por el Ejecutivo, como la desvinculación de la Guardia Nacional y cambios en el INE, así como la Reforma Eléctrica. En respuesta, el 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma judicial constitucional, con la intención de combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas, cambiando el sistema de nombramiento judicial de designaciones políticas por elecciones populares.
Esta reforma fue aprobada en septiembre de 2024 por una aplastante mayoría de Morena en el Congreso de la Unión, compuesta por legisladores recién electos en junio de ese mismo año, y poco después, en diciembre, el Congreso de Chihuahua saneó sus normas locales para armonizar el cambio, así implementando un proceso extraordinario de elección judicial en 2025.
Es necesario destacar que esa mayoría calificada fue objetada por la oposición, ya que se utilizaron criterios jurídicos que claramente favorecían a Morena y sus aliados, pero que no se apegaron a los que regularmente se utilizan para determinar posiciones legislativas, sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó tales criterios, curiosamente, los magistrados de ese tribunal no fueron considerados para ser removidos en esta Reforma Judicial.
Adicionalmente, en el Senado de la República se dieron algunos incidentes mediante los que Morena, forzó o coaccionó a varios senadores de otros partidos para que cambiaran su voto a favor de la reforma.
Derivado de todo lo anterior, el domingo 1 de junio de 2025, México llevó a cabo una jornada histórica: más de 100 millones de ciudadanos estaban convocados para renovar cerca de 2 mil 600 cargos en los tres niveles judiciales. En Chihuahua, se eligieron 30 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia del Estado, 5 magistrados para el Tribunal Estatal de Disciplina Judicial, y 270 jueces de primera instancia y de menores. Los magistrados electos comenzarán un periodo de ocho años, sin reelección posible.
Pese a esta convocatoria, apenas el 13 por ciento de los electores respondieron al llamado a nivel nacional, en Chihuahua la cifra es aún menor que eso, es decir, lo que la ciudadanía dijo, el mensaje que envió el 1 de junio, es que no le interesa elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, es muy claro el mensaje.
Además, es necesario destacar que, debido a lo inédito del proceso, este transcurrió entre indefiniciones sobre normas y regulaciones, casi todos los días hubo cambio de reglas por parte del INE, y los candidatos tuvieron muy fuertes limitaciones jurídicas para hacer llegar su propuesta a los electores.
Una de esas reglas que cambiaron constantemente fue el uso de los llamados “acordeones” que en principio fueron validados por la autoridad electoral (INE-TEPJF) y luego se dijo que no, después que sí pero con algunas condiciones y al final se utilizaron de manera indiscriminada por unos y otros.
A nivel nacional, Morena logró colocar a sus nueve candidatos en la Suprema Corte. La participación ciudadana fue excepcionalmente baja: entre 12.5 y 13.3 por ciento. Se emitieron 458.7 millones de votos, de los cuales 54.2 millones fueron nulos. En Chihuahua, la participación fue aún menor, alrededor del 10 al 12.5 por ciento. En el estado, la candidata con mayor votación fue Marcela Herrera Sandoval con más de 121 mil votos.
La OEA calificó el proceso como apresurado y propenso a errores. Se detectaron irregularidades como urnas con más votos que votantes, boletas sin doblar y distribución de “acordeones”. En Chihuahua también se documentaron irregularidades, y hubo denuncias de propaganda ilegal por parte del PAN y Morena.
Los dirigentes de Morena en Chihuahua se quejan y denuncian que el PAN movilizó a electores y utilizó acordeones para dirigir el voto a candidatos afines, pero no reparan en que, a nivel nacional, los ministros de la SCJN quedaron exactamente en el orden en que aparecieron en los diversos acordeones que difundió y promovió Morena por todo el país, es decir, dirigieron el voto corporativo de su partido. Acusan a otros de lo mismo que hicieron ellos.
Es un hecho, con esta elección Morena ha ganado peso sobre el Poder Judicial. Críticos advierten que esto amenaza la independencia judicial y favorece decisiones desde el Ejecutivo, que nada o muy poco tengan que ver con la justicia. La baja participación genera dudas sobre la legitimidad del mandato popular. La validación definitiva de resultados está pendiente hasta el 28 de agosto.
Expertos críticos como Javier Martín Reyes (Investigador del Instituto Baker-UNAM) y Pascal Beltrán del Río (Periodista y directivo de Excélsior) señalaron que el proceso careció de legitimidad y fue manipulado políticamente.
Desde Chihuahua, medios locales y abogados defensores alertaron sobre el uso de listas partidistas para inducir el voto. En contraste, juristas como Alejandra Spitalier y Ana María Ibarra ven el proceso como una oportunidad de transparencia judicial. En Chihuahua, la gobernadora Maru Campos defendió el proceso como plural y riguroso. La presidenta del IEE destacó el conteo transparente.
Silvia Delgado, exabogada de ‘El Chapo’, fue electa como jueza penal en Ciudad Juárez con más de 23 mil votos, y ella defiende su postura como una profesional del derecho, señalando que todas las personas tienen derecho a un abogado defensor, independientemente de su condición. Bernardo Bátiz, histórico defensor del voto, fue criticado por justificar el uso de acordeones como guías válidas de votación.
Sin embargo, los mismos consejeros del INE han entrado en conflictos y fuertes diferencias a la hora de calificar y validar la elección, si bien el proceso en su conjunto ya fue validado por la autoridad electoral, en las discusiones del Consejo General han quedado reconocidas y plasmadas infinidad de irregularidades dignas de un análisis profundo y serio de los legisladores mexicanos.
Recientemente, este mismo Consejo General del INE, invalidó el triunfo de 39 candidatos y candidatas por inelegibilidad, es decir, no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución (plasmados en la Reforma Judicial), específicamente el de contar con un promedio general de 8 en la licenciatura en derecho, lo que llevó a los consejeros electorales a realizar una severa crítica a los comités encargados de la preselección de los perfiles ¿Cómo se les fue ese importante detalle?
La elección judicial celebrada el 1 de junio de 2025 representa un momento definitorio para la transformación del sistema judicial en México. En Chihuahua, este proceso trajo la renovación de 305 jueces y magistrados mediante voto popular. Aunque validado por autoridades, persisten críticas sobre su legitimidad. Será el desempeño de los nuevos juzgadores lo que definirá el éxito de esta reforma en los próximos años.
La próxima validación definitiva de resultados se espera tras las impugnaciones pendientes antes del 28 de agosto. A partir del 1 de septiembre, los nuevos juzgadores tomarán protesta para liderar el sistema judicial. Este cambio plantea interrogantes: ¿la judicialización electoral en México fortalecerá la transparencia o consolidará la hegemonía partidista? Solo el desempeño y la independencia de estos juzgadores responderán en los próximos años.
