Una jueza federal en California decidió que los agentes de la Patrulla Fronteriza ya no pueden arrestar a personas solo por sospechar que están en el país sin documentos, a menos que tengan una orden judicial o crean que esa persona podría escapar antes de conseguir una orden.
La jueza Jennifer L. Thurston también prohibió que los agentes detengan a personas sin una sospecha razonable ni las obliguen a regresar a su país bajo el pretexto de una “salida voluntaria” sin antes informarles de sus derechos y obtener su consentimiento claro.
Esta decisión se aplica únicamente al Distrito Este de California, donde en enero pasado se realizaron varias detenciones durante un operativo llamado «Operación Retorno al Remitente», llevado a cabo por la Patrulla Fronteriza.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en nombre del sindicato United Farm Workers y varias personas detenidas en ese operativo. Según la ACLU, muchas de ellas fueron llevadas en autobuses a la frontera sin poder contactar a familiares ni abogados, y fueron presionadas para firmar papeles renunciando a su derecho a ver a un juez y aceptando irse del país.
La jueza ordenó que la Patrulla Fronteriza entregue un informe cada 60 días explicando quién fue arrestado sin orden y por qué, mientras el caso siga abierto.
Aunque los abogados del gobierno intentaron argumentar que la jueza no tenía autoridad para intervenir, ella consideró que sí podía hacerlo, debido a las posibles violaciones de derechos en estos procedimientos
