La violencia y criminalidad en nuestro país se encuentran en sus niveles más altos en décadas
La violencia y criminalidad en nuestro país se encuentran en sus niveles más altos en décadas, las pugnas entre carteles de las drogas se han vuelto cada vez más sanguinarias y brutales, sin respetar absolutamente nada, lo que ha llevado a que regiones completas, como la del bajío, o el sur, por ejemplo, se encuentren literalmente tomadas por estos grupos criminales amenazando la seguridad y tranquilidad de sus habitantes.
No son pocas las familias enteras desplazadas de sus lugares de origen y residencia por estas pugnas, quienes prefieren buscar un mejor lugar para proteger a sus hijos, aunque eso signifique dejar todo o lo poco que tenían, pero también ha ocasionado la desintegración de núcleos familiares, ya que los jefes de familia, o jefas, los hijos mayores o cualquier otro integrante deciden migrar en busca de mejores oportunidades para sacar adelante a los suyos, lo que se traduce en desintegración familiar, por supuesto.
Si bien el origen de esta violencia tiene sus principales causas en la actividad delincuencial del crimen organizado, lo cierto es que estas organizaciones criminales lo pueden hacer porque cuentan con recursos económicos ilimitados, producto de su comercio ilegal de drogas, y esos recursos les permiten formar verdaderos ejércitos bien armados para enfrentar a sus rivales o competidores, para lograr la supremacía de amplios territorios de la geografía nacional.
Es ese punto el que debiera preocuparnos y ocuparnos como sociedad, por supuesto también a los gobiernos de los tres niveles, porque son miles de adolescentes y jóvenes -en algunos casos hasta niños- los que son reclutados por los diferentes carteles de la droga para formar esos ejércitos.
¿Por qué un adolescente o un joven mexicano acepta ingresar a las filas del crimen organizado, no obstante, los grandes riesgos que eso implica? No hay una sola respuesta a esta pregunta, porque las causas son multifactoriales, pero entre las más relevantes se encuentran la extrema pobreza, la desintegración familiar o familias disfuncionales, la falta de oportunidades de empleo y/o estudio, más y mejores centros de rehabilitación a las adicciones, entre otras.
Pero también hay factores institucionales que actúan como estímulos perversos para que los jóvenes y adolescentes decidan incursionar en el submundo de las drogas y la violencia, primero como adictos y luego como operadores o vendedores al menudeo. Uno de ellos es la impunidad.
Si los que se dedican a esa lucrativa pero ilegal actividad ven que no hay sanción alguna por hacerlo, que no pasa nada aun en el extremo de que fueran sorprendidos y procesados, pues entonces su ejemplo sirve de motivación a otros para que hagan lo mismo, al cabo que si te detienen haciéndolo las consecuencias serán mínimas o de plano no habrá.
Es, entonces, este sector de la población el más vulnerable en dos vías, tanto a las adicciones como tal y a ser reclutados para tomar parte activa en este tipo de actividades, con todos los riesgos que eso implica aun poniendo en grave peligro su futuro y la integridad física propia y de sus familiares más cercanos.
Por tanto, la solución a esta problemática también debe ser multifactorial, empezando por el urgente diseño de políticas públicas, de los tres órdenes de gobierno, que atiendan de manera directa las necesidades reales y apremiantes de los adolescentes y jóvenes, oportunidades de estudio y de empleo, desarrollo personal, un amplio abanico de opciones y apoyos para quienes gusten del arte, el deporte, la cultura, la música o actividades afines.
Desde luego, esta atención a las necesidades de niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe ser integral ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas públicas también atiendan las dinámicas de los núcleos familiares, revalorizándolos, reeducándolos, porque es en ese contexto, la familia, en donde los seres humanos adquirimos los valores y principios que después nos blindarán para hacer frente a la vida: respeto a la vida, al estado de derecho, el valor del trabajo, del crecimiento y desarrollo personales, etcétera.
Y es precisamente en el diseño y ejecución de estas políticas públicas en donde se requiere destinar recursos, pero recursos importantes, porque en ello nos va la reconstrucción de una sociedad enferma, una sociedad que requiere urgentemente de un tratamiento para su enfermedad, y ese tratamiento no puede ser otro que la atención inmediata a sus carencias, a su formación, a sus conceptos de vida y convivencia. Es urgente que los tres niveles de gobierno atiendan ese tema.
En las páginas de El Diario, ayer se publicó una nota que llama poderosamente la atención, porque lo que dice habla de un enorme desinterés gubernamental para atender el tema, y, por el contrario, muestra un inesperado e indignante desdén hacia la problemática descrita.
Mi compañera Sandra Rodríguez publicó la nota: “Federación recorta presupuesto a Centros de Integración Juvenil” (https://tinyurl.com/2xn48xlk), que es una Asociación Civil, no lucrativa incorporada al sector salud, que, de acuerdo con la página oficial del gobierno de México (https://www.gob.mx/salud/cij/) consiste en “Centros de Integración Juvenil (CIJ) es una institución dedicada a la prevención, tratamiento, rehabilitación, investigación científica y formación de especialistas en materia de consumo de drogas. Fundada en 1969 por la señora Kena Moreno, quien junto con un grupo de mujeres abrieron un Centro de Atención para Jóvenes Drogadictos, con el objetivo de atender el consumo de drogas entre los jóvenes.”
Es decir, esta institución se dedica profesional y científicamente a resolver los temas de los que hemos estado hablando, prevenir, tratar, rehabilitar, investigar las adicciones en jóvenes, pero también a la formación de especialistas en materia de consumo de drogas.
Sin embargo, dice la nota: “Chihuahua es una de las once entidades más castigadas del país con recortes de presupuesto en Centros de Integración Juvenil (CIJ). De acuerdo con datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el gasto a nivel nacional para la operación de esta institución encargada de la prevención y rehabilitación del uso de drogas aumentó un 50 por ciento en el sexenio que concluyó, al pasar de 64.3 millones de pesos en 2018 a 96.5 en 2024.”
“El recurso, sin embargo, se concentró en la Ciudad de México, que este año contó con 89.9 mdp -o casi el doble que en 2018-, dejando sólo poco más de seis millones para el resto de las entidades, 25 de las cuales terminaron el período con disminuciones.”
“Entre éstas, se observa, hay estados como Chihuahua, Jalisco, Baja California, Nuevo León, el Estado de México y otros seis en los que estos recortes fueron superiores al 50 por ciento.”
“Lo anterior, aun cuando Baja California y Chihuahua aparecen este año en el ‘Informe de la demanda y oferta de Fentanilo en México: generalidades y situación actual’, que también reporta consumo de esta sustancia en Sinaloa y Sonora, estados que asimismo enfrentaron disminuciones, respectivamente, de 49.5 y 38 por ciento en su gasto para el CIJ.” Fin de la cita textual.
Con este tipo de decisiones centralizadas, se abandona por completo la atención a toda la problemática ya señalada, y eso se traducirá en mayores hábitos de consumo, mayor desintegración social y, por supuesto, incremento en los índices delictivos y de violencia en nuestro país.
Resulta indispensable, urgente, que se reconsideren este tipo de medidas y que, por el contrario, se refuercen los presupuestos destinados a la atención de la prevención, atención, rehabilitación y reinserción social de los jóvenes adictos, pero no solo eso, como ya señalé líneas arriba, se deben ampliar los presupuestos para la atención integral de los núcleos familiares.
Es ahí donde está la verdadera solución de fondo al problema de inseguridad y criminalidad desbordadas, las causas de raíz, si no lo hacemos, seguiremos pagando el alto costo que hasta hoy hemos tenido que pagar. Ya basta de estar poniendo “curitas” en una herida profunda que sangra abundantemente.
