Cualquier parecido a las declaraciones efectuadas en las mañaneras, especialmente sobre la actuación de los jueces, en las que, prácticamente se les lincha a consecuencia de sus resoluciones, sobre todo en los asuntos de carácter penal, es mera coincidencia.
Y es que el Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, con motivo de la excarcelación de los presuntos responsables de los hechos criminales acaecidos en Ojinaga, además de manifestar su «desacuerdo» sobre la decisión de la jueza Nora Espino de liberar a los 7 detenidos, «condenó la falta de compromiso de la juzgadora hacia la ciudadanía». (Nota de Francisco Córdova, El Diario, 22/9/24).
La jueza Espino, de acuerdo a la información publicada, liberó a tres de ellos pues consideró ilegal la detención ya que los presentaron ¡48 horas después de los hechos! Y adujeron que habían sido detenidos en flagrancia.
La ley dice que los acusados deben ser, de inmediato, presentados ante la autoridad correspondiente y en lugar de presentarlos ante la fiscalía en Ojinaga, los trasladaron a Chihuahua y se tardaron ¡Dos días! en llegar a la capital del estado.
Los otro cuatro fueron liberados por la jueza, debido a que la fiscalía no pudo demostrar, con pruebas, que participaron en los hechos, ni aportaron las evidencias periciales que demostraran que las armas usadas para asesinar a algunas, o a todas las personas, eran las encontradas a los acusados y que, éstos, habían disparado armas de fuego.
Concitan honda preocupación las explicaciones del secretario Loya sobre la tardanza en ponerlos ante un juez: «Es diferente estar allá, llevar a cabo la detención, poder salir de las brechas, poder abastecer combustible y trasladarlos desde la ciudad de Ojinaga hasta Chihuahua para poder consignarlos y llevárselos a un juez que está en la comodidad de su oficina, incluso con su aire encendido, y que de ahí tome la decisión en base a una serie de criterios que estoy seguro que desconoce». (Ibídem).
No satisfecho con esas afirmaciones, agregó que le preocupaba «la falta de compromiso con la ciudadanía» que es total, y agregó que tienen «claro, por ‘inteligencia’, cómo sucedieron los hechos» y calificó como ‘legalismos’, los usados para liberarlos. (Ibídem).
Posteriormente, la fiscalía del estado informó que impugnarían esa resolución.
Pero tal liberación se dio justamente cuando se daba a conocer que el estado de Chihuahua «ocupa el tercer puesto a nivel nacional entre las entidades federativas que más recursos ejercen en sus áreas de servicios periciales», de acuerdo con información del INEGI. (Nota de Argelia Domínguez, El Diario de Chihuahua, 16/9/24).
«Asimismo, el Inegi dio a conocer que el estado también es la tercera posición en cuanto a la cantidad de personas peritas, con 533, de las cuales 503 pertenecen a las unidades estatales y 30 a la Fiscalía General de la República (FGR)». (Ibídem).
Preocupan aún más las declaraciones y la postura del secretario, por la extrema coincidencia con los ataques lanzados desde Morena al Poder Judicial, en los que se generaliza, sin reparar en los hechos concretos que denotan las fallas en las detenciones o en la elaboración de los expedientes en contra de los delincuentes, lo que da pie a la liberación de estos acusados, los que, de ninguna manera se puede calificar, desde estos espacios, como inocentes o culpables.
Algo de esto ya padecimos en la oleada homicida del 2008-2011, en la que decenas de detenidos (responsables o no) fueron liberados al paso de los meses y años debido a la ilegalidad de las aprehensiones.
O se hacen las cosas de diferente manera, o estaremos en presencia, otra vez, del mismo fenómeno.
Columna de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez (APCJ): 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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