La reforma al poder judicial es un mamotreto de 110 páginas que no dice más estupideces porque no es más grande. La iniciativa es la idea más imbécil, más retrógrada, más irresponsable, más loca y más absurda que haya podido concebir una mente enferma, como la de Andrés Manuel López Obrador; y eso no es lo más grave, no; lo más grave es que parece que un extenso grupo de legisladores, protolegisladores, cuasilegisladores y casi legisladores —necesariamente igual de idiotas que su iniciador— están dispuestos a apoyar la iniciativa, convirtiéndola en realidad (por no hablar de Claudia, quien ya se dobló de fea forma ante su todavía jefe, la pobrecilla).
Como sea, veamos lo que reza uno de los párrafos del bodrio: “Con esta reforma se pretende modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad, y para que su conformación y actuación cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones. Además, se pretende establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad”.[1]
¿El presidente hablando de combate a la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos? ¿En éste que ha sido, sin duda, el sexenio con más corrupción, impunidad, nepotismo, tráfico de influencias y abusos? Bien dice el refrán que: “El buen juez por su casa empieza. AMLO necesita destruir al Poder Judicial porque, hasta ahora, ha sido el único bastión que no se ha doblegado ante su autoritarismo infame.
Por otro lado, ¿abrir al Poder Judicial al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad? ¿Éste gobierno? ¿El más opaco en la historia del México moderno? No me haga reír, señor presidente.
La suya no es sino una venganza criminal, no sólo porque tiene el propósito de destruir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de aniquilar a sus enemigos (los ministros valientes que se han negado a doblegarse ante él), sino porque va a sustituirlo por la hez del gremio legal, individuos impresentables como la actual Lenia Batres, ese batracio; o individuos de la calaña de Arturo Saldívar u Olga Sánchez, que se han exhibido como lo que son: abyectos, codiciosos y adictos al peor régimen que haya padecido nuestro país; dispuestos a cualquier indignidad con tal de mantenerse en el poder.
Venganza criminal porque, con tal de consumarla, su autor no duda en destruir la única institución de carácter técnico que ha obrado en bien del país, intentado frenarlo en su intento de convertir a México en un Estado autocrático sujeto a él, para siempre jamás.
Venganza criminal porque no existe manera de garantizar que quienes van a sustituir a los actuales ministros sean personas de bien; por el contrario, con su mayoría calificada, los nuevos ministros de la corte serán, a no dudarlo, adictos al régimen: abogados a sueldo de criminales, retardados mentales con ínfulas de jurista, parientes, amigos y “conectes” de hombres y mujeres “fuertes” del régimen.
Venganza criminal porque, sin pruebas, sin argumentos que apuntalen su propuesta, sin evidencia, con la única experiencia nacional (la de Bolivia) que ha demostrado ser catastrófica, la Iniciativa pretende destruir no sólo al Poder Judicial federal sino a los de las 32 entidades federativas.
Venganza criminal porque el proyectado artículo 96, cuarto párrafo, dispone que para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, así como la contratación por sí o por interpósita persona de espacios en radio y televisión para promocionar candidatas y candidatos; es decir, se abre la puerta de par en par al hampa —de cuello blanco y la propia del crimen organizado—, para poner bajo sus órdenes a la crema y nata de la judicatura. ¡Perfecto! ¡Brillante!
Para colmo, la Iniciativa no dice nada de cómo va se va a tratar a quienes han dedicado su vida a la judicatura: personas que tienen 10, 15, 20 o más años a la judicatura; ni de cómo se va a elegir a los reemplazantes. En fin, como todo lo que sale de la cabeza del todavía presidente, la Iniciativa es basura y sólo eso; tomársela en serio es perder el tiempo pues, al fin de cuentas, después de los resultados del 2 de junio, todos vamos —unos más lentos, otros más rápido—, al matadero.
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