En materia de derechos humanos, “la verdad” no es algo que dependa del cristal con que se mire. La verdad, según la CIDH, es el medio para acceder a la información referente a realidades concretas de la sociedad, como es el caso de las violaciones de los derechos humanos.
Es por eso que la CIDH enfatiza que el conocimiento de la verdad se constituye en un derecho humano, tanto individual como colectivo, que implica saber los hechos, las circunstancias, las causas, las consecuencias, los responsables y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
Entonces, siendo un derecho tanto individual como colectivo, no sólo atañe a las víctimas y sus familiares, sino también a la sociedad en su conjunto. De ahí que la misma Corte subraye que toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.
Situados pues en el marco del Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas, resulta imprescindible que los Estados recuerden que es su responsabilidad proteger y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la verdad.
Una responsabilidad primordial que, de acuerdo con los tratados internacionales en la materia, implica la obligación de los Estados no solo a garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentran en instalaciones y archivos estatales, sino también a esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de esas violaciones.
En ese y con ese contexto es que la ONU-DH México describe “la verdad” como un principio vital para promover la justicia, construir sociedades democráticas, pacíficas y resilientes, reparar a las víctimas, sanar heridas, preservar las memorias, fortalecer la rendición de cuentas, consolidar la confianza en las instituciones y potenciar el diálogo.
Por todo eso y muchas cosas más, queda claro por qué el derecho a la verdad es irrenunciable y, por ende, debe ser garantizado por el Estado. De ahí que, como ya lo había dicho -hace un par de años- en este espacio de análisis y reflexión, lo que urge es atender el llamado de la ONU a invocar el derecho a la verdad no solo como un acto para rendir tributo a las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos, sino también como una forma de sumarnos a la exigencia de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la injusticia.
A modo de advertencia concientizadora, concluyo citando lo dicho alguna vez por el secretario general de la ONU, António Guterres: Cuando la luz de la verdad se extingue, las sociedades se sumen en un mundo oscuro de amenazas, mentiras y desconfianza, y quienes pretenden violar los derechos humanos se envalentonan para actuar con impunidad.
Aída María Holguín Baeza
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