“De realizarse el paro, el costo sería inaceptable, haría a los niños víctimas del chantaje y extorsión política de unos cuantos”, dijo Carrejo Orozco
Claudia Valenzuela/El Diario
Chihuahua, Chih.- El posicionamiento de la Sección 42 del SNTE de amagar al Poder Judicial y al Ejecutivo estatal con dejar sin clases a los niños a menos que se haga su voluntad y se distribuyan los libros de texto, es una expresión que no distingue diferencia de una extorsión, sostuvo el presidente de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco.
Como parte del Colectivo por la Educación y la Infancia, el líder empresarial consideró más grave aún que la moneda de cambio sea la educación y el futuro de las niñas y niños chihuahuenses.
Resulta paradójico, dijo, que en su comunicado la Sección 42 del SNTE haga alusión al artículo 3ero. Constitucional que habla del derecho irrestricto de las niñas y los niños a una educación laica y gratuita y es precisamente el apego a este precepto constitucional lo que ha permitido a diversas organizaciones sociales y de padres de familia ganar los amparos en contra de la distribución de los nuevos libros de texto en los distintos juzgados del país.
Luego de los dos amparos que frenaron la distribución de los nuevos libros de texto en el estado, en voz de Carrejo Orozco, el Colectivo hizo un llamado al Gobierno estatal y a las autoridades educativas locales a seguir apegados al cumplimiento de la ley, “independientemente de las presiones y extorsiones de grupos con claras intenciones políticos electorales”.
El exhorto del Colectivo a las autoridades educativas es para que apliquen las acciones correspondientes en apego a sus propios reglamentos a aquellos trabajadores de la educación que atiendan la convocatoria para realizar un paro en escuelas y a los maestros a que en apego a su vocación y compromiso con la sociedad, no se dejen llevar por posicionamientos radicales con claras intenciones políticas.
En tanto, se pidió al Gobierno federal que respete la ley y deje de lado sus intereses político electorales y antepongan el derecho de las niñas, niños y padres de familia de contar con una educación de calidad.
“De realizarse el paro, el costo sería inaceptable, haría a los niños víctimas del chantaje y extorsión política de unos cuantos”, dijo Carrejo Orozco.
