A pesar de todas las declaraciones presidenciales triunfalistas sobre el estado de la economía y lo promisorio del futuro cercano, lo cierto es que el entorno económico poco a poco empieza a convertirse en muy negros nubarrones.
Y ese será un tema en el que, como en prácticamente todos los asuntos públicos nos enfrentaremos a dos visiones, absolutamente encontradas, entre los que todo lo ven mal y los que todo lo aprecian muy mal.
Tema central -en el ámbito local- lo ocupa el monto de las transferencias federales al estado de Chihuahua y sus municipios -en el presente año- y lo que se le asignará en el próximo año en el presupuesto de egresos federal.
Mientras la oposición insiste, una y otra vez, en que se envían menos recursos al estado de Chihuahua, los dirigentes, funcionarios públicos y legisladores de Morena refutan a cada una de las expresiones opositoras y enfatizan que, al contrario, el gobierno de la 4T envía más recursos, año tras año.
En ese sentido, el diputado local de Morena, Benjamín Carrera, afirmó que, contra lo sostenido por los partidos de la oposición, «el estado de Chihuahua en 2024 recibirá más de 3 mil 500 millones de pesos en el presupuesto federal, en comparación al presupuesto del 2023». (Comunicado del Grupo Parlamentario de Morena, 25/9/23).
Si tomáramos como ciertas sus cifras, significaría que en 2023, el estado de Chihuahua recibirá un total de 67 mil 923 millones de pesos y que, de acuerdo con la propuesta del presidente López Obrador, recibirá en 2024, 71 mil 452 mdp, es decir 3 mil 528 millones de pesos más, que significa un incremento del 5.11% que es, en realidad, un decremento pues esta cifra no toma en cuenta la pérdida por la inflación que, hasta el mes de mayo de este año, el Banco de México la ubicaba en 6%.
Deberá anotarse que el presupuesto federal tendrá un incremento del 4.3% real*, descontada la inflación, y si esa regla la aplicara en nuestro estado, las asignaciones totales, en 2024, deberían ser de alrededor de 6 mil 791 millones de pesos.
Pero ya estamos hablando del año próximo y aún está pendiente el resto del presente, en el que conforme pasan las semanas la federación aprieta más el cinturón ya que, de acuerdo con el Secretario de Hacienda, José Granillo, el estado de Chihuahua dejó de «recibir 189 millones de pesos en septiembre». (Nota de Miguel Ángel Silva, El Diario de Chihuahua, 27/9/23).
Tal recorte se suma al sufrido en los primeros 6 meses del año en los que se dejaron de recibir alrededor «de mil 500 millones de pesos que fueron recuperados con la activación del Fondo Estabilizador de los Ingresos a las Entidades Federativas (FEIEF)». (Ibídem).
Este escenario -de los recortes a los estados y la contratación de deuda por el gobierno federal, vía la bursatilización del FEIEF- ya se preveía en el primer trimestre del año pues, según el coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Manuel Guadarrama, luego de que «en abril las participaciones federales presentaron su peor resultado en casi tres años (baja de 14.6%)», afirmó que los siguientes meses serán complicados para los estados por el estado de las finanzas federales y a que «… más del 82% de los recursos de las entidades provienen de las transferencias federales». (Nota de Camila Ayala, El Economista, 5/6/23).
Para compensar tal caída, Guadarrama anticipaba en esas fechas que el gobierno federal se vería obligado a recurrir nuevamente a la bursatilización del FEIEF, como en el 2020, para cubrir las participaciones estatales, debido a la disminución de los ingresos federales causada por «las presiones inflacionarias, la baja recaudación participable en IVA e ISR y el incremento del costo financiero». (Ibídem).
En otros términos, el gobierno federal recurrió al endeudamiento, en este caso interno, que se sumó al conjunto de indicadores que muestran la fragilidad de las finanzas públicas y que hace temer, para el resto del año, la aplicación de nuevos recortes a los estados.
Tal operación financiera del gobierno federal sería semejante a la realizada por varias entidades federativas, sobre todo las que acarrean endeudamientos mayores, de recurrir a los préstamos de corto plazo para solventar los compromisos del fin de año.
La afectación, debida a los recortes, es general; los aplicados en la primera mitad implicaron que el municipio de Chihuahua dejara de percibir 65 millones de pesos y Ciudad Juárez 93 mdp.
En esa fecha, Granillo cifró sus esperanzas en que la federación contratara un crédito que se destinara al FEIEF, «para cubrir el recurso que han dejado de recibir todas las entidades del país» y así Chihuahua pudiese recuperar, por lo menos, el 75% de las participaciones no entregadas hasta aquel mes. (Ibídem).
Sin embargo, Granillo descartó que hubiese alguna intencionalidad política en esos recortes, ya que, dijo, la distribución de los recursos federales se realiza mediante una fórmula.
Por esas mismas fechas, de acuerdo con un reporte periodístico, se informaba que Coahuila se convirtió en el «segundo estado más afectado por recortes federales», solo superado por la «Ciudad de México» como los que mostraron «las mayores variaciones negativas». (Nota de la redacción, Vanguardia, 21/5/23).
Es decir, a propios y extraños, lo que denota la seriedad de la situación.
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
